Señor director:
Ahora que se inicia una nueva gestión de gobierno, aunque parezca viejo, es preciso recordar que todos los funcionarios electos y designados en posiciones importantes están en la obligación legal de declarar su patrimonio.
Estoy entre los dominicanos que afirman que esto no sirve para nada y que, bajo las características actuales, sólo se hace para cumplir con formalidad de ley. Nadie está en capacidad de fiscalizar o comprobar qué se ha puesto en esas declaraciones juradas de bienes, ni se sabe si quienes sirven como declarante están diciendo la verdad.
Un verdadero sistema de fiscalización, que no sea dirigido por la Cámara de Cuentas, debe implementarse junto con una ley de revisión de patrimonio.
A simple vista se puede decir quién ha incurrido en malabares para hacerse de dinero con el erario. El problema está en los mecanismos disponibles para demostrarlo.
Como dominicano y como empresario responsable que paga sus impuestos, deseo vivir en una sociedad más transparente.
Guillermo A. Alcántara
Empresario.
