La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) expresó su preocupación por los retrasos en la entrega de los permisos ambientales solicitados por el sector al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Según Annerys Meléndez, presidente de Acoprovi, antes la entrega de los permisos se realizaba en 15 días. Actualmente, refiere, tardan entre tres y seis meses, lo que representa pérdidas de unos RD$45,000 millones en inversión y 60,000 empleos.
Meléndez señaló que la entidad ha realizado una serie de acercamientos con las autoridades competentes para proponer soluciones a la ralentización de varios de los procesos de tramitación relacionados con el sector, sin que se haya logrado un consenso específico al respecto.
Durante una rueda de prensa, Meléndez indicó que el objetivo del gremio es “colaborar para asegurar que, tanto el diseño como la ejecución de políticas, sean beneficiosos para el objetivo compartido de la eficiencia en los procesos de tramitación y reducir los plazos para obtener autorizaciones ambientales; es decir, para agilizar los tiempos de respuesta en la tramitación de proyectos”.
Meléndez aseguró que estos retrasos no solo afectan al sector de construcción de viviendas, sino que también tienen “repercusiones negativas en la competitividad, el clima empresarial, la generación de empleos y las inversiones a nivel nacional”. Además, “postergan el inicio de las construcciones y afectan al desarrollo de los proyectos, encareciendo la vivienda y alejando a miles de dominicanos del acceso a una vivienda digna”.
Los obstáculos burocráticos para la obtención de los permisos ambientales solicitados por el sector construcción de viviendas en el país son motivo de preocupación para los principales representantes del Sector Unido de la Construcción, ya que retrasan el inicio de proyectos que podrían hacer realidad el sueño de un hogar para miles de dominicanos.
Este colectivo resaltó la urgente necesidad de resolver de manera concluyente los retrasos en estos procedimientos administrativos y disponer de normativas adecuadas a las necesidades del sector, especialmente en lo concerniente a los plazos de tramitación de proyectos, manteniendo un equilibrio entre la sostenibilidad y el crecimiento del sector.
A su vez, analizó que la burocracia en el país impacta no solo al sector de construcción de viviendas, sino también a la competitividad del país, al clima de negocios, a las inversiones, por lo que, además, tiene un efecto negativo en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.
Por su parte, Alejandro Fondeur, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), señaló que “los ciudadanos, las organizaciones y las empresas se enfrentan a procedimientos complejos, requisitos redundantes e innecesarios, extendidos tiempos de respuesta y pérdida de tiempo”.
