De entrada, conviene decir que cuando se habla de reformas estructurales esto implica cambios significativos en las políticas, leyes y regulaciones de un país que tienen como objetivo mejorar la eficiencia y el funcionamiento de su economía a largo plazo.
Estas reformas suelen abordar aspectos fundamentales de la economía: mercado laboral, sistemas fiscal, educativo, salud y de protección social, incluyendo las pensiones, la infraestructura y otros sectores clave. Normalmente, el propósito de las reformas estructurales es promover un crecimiento económico sostenible, aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, resulta obvio que llevar a cabo reformas estructurales en cualquier país tiene impactos importantes en los agentes económicos, pero no hacerlas puede derivar en algo peor. Esa es una de las conclusiones que arroja un estudio elaborado por Alesina, A. y Otros (Citado por Krause, M. 2020) en donde, además, se muestra que cuando las reformas son implementadas bajo condiciones de estabilidad y crecimiento, estas generan expansión adicional comparadas con las reformas que se hacen en períodos de recesión económica.
Otro elemento importante que destaca este estudio, el cual analizó reformas estructurales realizadas en 90 países, es que estos procesos de reforma se deben impulsar a inicios de los gobiernos para no afectar los resultados electorales de las próximas elecciones.
En el caso dominicano la historia reciente demuestra que hemos sido tímidos en la realización de reformas estructurales y, aquellas que se han llevado a cabo han sido incompletas en su implementación y con escasos resultados. Y esto casi siempre ha sido motivado por el pensamiento cortoplacista de la mayoría de los gobernantes dominicanos, así como por el recurrente interés reeleccionista, lo que lleva a implementar políticas populistas en vez de enfrentarse a procesos de reformas profundas.
Hay que reconocer, no obstante, la reforma financiera impulsada por el presidente Joaquín Balaguer en el año 1992, y en la cual se aprobó un nuevo Código Tributario y se reformaron las principales leyes de tributos internos, entre los cuales estaban el ISR, ITBIS y ISC.
El objetivo de esta reforma fue el establecimiento de un sistema tributario neutral, justo y capaz de generar los recursos necesarios para que el gobierno lleve a cabo una política de gasto público no inflacionaria (Aristy, J., 1995). Esta reforma de principios de los 90 también incluyo canción un Código Laboral y modificaciones importantes al régimen comercial y aduanero que existía en ese momento.
Treinta y dos años después, toca hablar de nuevas reformas estructurales en donde están incluidas, principalmente, una fiscal, la del sistema dominicano de la seguridad social, el Código Laboral, el sistema eléctrico, entre otros. Y, como era de esperarse, algunos sectores han prendido las alarmas y han planteado, con argumentos interesados, los peligros e impactos negativos que tendrían las mencionadas reformas. En esta línea se inscribe la oposición política dominicana, la cual está condicionando su participación en las discusiones para la búsqueda de consenso.
Para este humilde economista, el presidente Luis Abinader, independientemente de los alaridos sectoriales, debe poner en marcha todas las reformas pendientes, en particular, la reforma fiscal y la de la seguridad social, pues esto lo colocará en la historia como el mandatario que logró asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo que colocó el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses creados.
Por último, bajo el escenario actual de que el presidente Abinader no será de nuevo candidato, y de que tiene a su favor el Congreso, la apuesta es a que el costo político para el mandatario, con el impulso de las reformas, sea relativamente bajo.
