[dropcap]L[/dropcap]os esfuerzos del Gobierno por incentivar la generación de empleos formales y reducir la informalidad laboral han dado sus frutos. Si bien el ritmo de crecimiento de la oferta laboral no ha crecido significativamente en la última década, sí lo ha hecho la calidad del empleo.
Las estadísticas del Banco Central, arrojadas por su Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, indican que de octubre de 2012 a abril de este año en República Dominicana se crearon 436,912 nuevos empleos, lo cual ha superado la meta del Gobierno de contribuir con la creación de al menos 400,000 puestos de trabajo en cuatro años.
Ese dato no es nuevo. Incluso, el Banco Central se encargó de publicitarlo como forma de destacar la meta alcanzada por la gestión del presidente Danilo Medina en el ámbito laboral.
Pero no se trata solo de nuevos empleos, sino de empleos formales en su gran mayoría. De hecho, las estadísticas oficiales indican que en los 42 meses citados la oferta de empleos informales fue de apenas 17,509 puestos, equivalentes al 4% del total de empleos generados en el período.
Lo anterior indica que 96% de los nuevos empleos generados de octubre de 2012 a la fecha son formales, que cotizan a la seguridad social y, por tanto, incluyen los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo para beneficio de los trabajadores.
Proporción aún es alta
Pero a pesar de que el Gobierno de Medina ha logrado que el 96% de los nuevos empleos creados en su gestión sean formales, todavía la proporción de la informalidad laboral en el país sigue siendo elevada.
De cuerdo con el Banco Central, a abril de este año en el país habían 4 millones 418,888 trabajadores activos. De esa cantidad 2 millones 98,800 son empleos formales, para un 47.5%, mientras que el 52.5% de la fuerza laboral activa está en la informalidad con 2 millones 320,088 trabajadores.
La proporción de informalidad es alta, aunque menor al 56% en que estaba hace apenas cuatro años, lo cual indica una tendencia a la baja, aunque muy lenta todavía.
El Gobierno ha informado que reforzará los esfuerzos para facilitar la formalización de empresas y la consecuente formalidad de la fuerza laboral que ofrece sus servicios en esas nuevas unidades productivas.
La formalización está enfocada especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que ha motivado al Gobierno a modificar la ley que crea el Ministerio de Industria y Comercio a los fines de agregarle un Viceministerio especializado en los servicios a las Mipymes.
Coincide con la TSS
Las estadísticas de generación de nuevos empleos formales que arroja la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central es prácticamente coincidente con las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) donde se supone que deben cotizar todos los trabajadores formales del país.
Los informes estadísticos de la TSS indican que de octubre de 2012 a abril de 2016 en el país se registraron 423,693 nuevos trabajadores cotizantes a la seguridad social, una diferencia de apenas 4,290 trabajadores más que los 419,403 trabajadores formales contabilizados por el Banco Central y que representan el 96% del total de empleos generados (el restante 4% son informales).
En sentido global, mientras el Banco Central registra 3 millones 320,088 trabajadores formales, la TSS tiene, hasta julio de este año, 1 millón 835,685 trabajadores.
Formalidad laboral condicionada
Hay varios elementos que inciden en la oferta laboral formal, que nada tienen que ver con la mejora de la economía y el desarrollo del sector privado.
Es el hecho de que por lo menos el 28.6% de los trabajadores formales que registra la TSS es de empleados del sector público centralizado y descentralizado, es decir, que pertenecen a la nómina estatal no privada.
Incluso, esa nómina de empleados públicos es mayor a la que registra la TSS, ya que muchos trabajadores de instituciones públicas no cotizan a la seguridad social, ya que cuentan con planes médicos y de pensiones particulares.
La TSS informó a elDinero que entre los empleados públicos que no cotizan a través de esa institución están los de la Junta Central Electoral (JCE), los del Poder Judicial, los trabajadores del Congreso Nacional, incluidos legisladores del Senado y la Cámara de Diputados y los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
También están fuera de las estadísticas de empleos de la TSS los empleados de “algunos ayuntamientos y juntas municipales” que tampoco cotizan no por estar en regímenes de seguridad social aparte, sino por la falta de transparencia de sus nóminas de empleados.
La nómina de empleados públicos que cotizan en la TSS suma 520,985 servidores, a los cuales habría que aumentar los miles de empleados que no cotizan, con lo que la cifra podría superar los 650,000 empleados pagados por el Estado.
La no inclusión de empleados en la cotización de la seguridad social constituye una violación a la Ley 87-01.
Estrategia gubernamental por la formalidad
El aumento de la oferta laboral formal en el país tiene su origen en el incentivo para la formalización de empresas.
Cuando una empresa se formaliza con base en la legislación y los procedimientos locales, debe registrar una cantidad determinada de empleados, los cuales ha de cotizar a la seguridad social y son contabilizados como trabajadores formales.
Pero aunque la TSS lleva un registro estricto de la cantidad de empleados formales, todavía hay mucha elusión de parte de empresas que pueden tener una nómina de 20 empleados y sólo registran 10 como forma de ahorrar costos laborales que se aplican a la cotización y que deben ser cubiertos por el empleados en una proporción adicional de alrededor del 15% del salario que pagan a los empleados.
Para incentivar la formalidad de las empresas y consecuente formalidad laboral, el Gobierno ha condicionado los créditos que concede en las visitas sorpresa a que los productores que los reciben se organicen constituyéndose en cooperativas o empresas formales y así ser sujetos de crédito.
También el Gobierno ha creado un Viceministerio de Pymes en el Ministerio de Industria y Comercio, en el cual ha facilitado los mecanismos de formalización. A eso se agrega la decisión de comprar a las Mipymes formales al menos el 20% de los bienes y servicios que demanda en el Estado.
