El fiscal Deltan Dallagnol, responsable del caso Petrobras, acusó este miércoles al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ser el “comandante máximo” de la red de corrupción en la petrolera estatal, que movió miles de millones de dólares.
“Hoy la Fiscalía acusa a Lula de ser el comandante máximo de la red de corrupción identificado con la Lava jato”, afirmó en una rueda de prensa el fiscal que investiga el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Los cargos por corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero alcanzan a Lula, a su esposa, Marisa Leticia, y otras siete personas.
El fiscal dijo tener pruebas de que Lula recibió favores por 3.7 millones de reales (alrededor de 1.1 millones de dólares) por parte de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por su responsabilidad en los desvíos de Petrobras.
De acuerdo con la acusación, la OAS pagó, reformó y amuebló un apartamento de tres pisos en la playa por el que Lula había pagado una cuota inicial para el uso de la familia del expresidente.
Igualmente pagó los costos de un millonario contrato de arrendamiento por el depósito en el que el exjefe de Estado guardó durante cinco años los regalos que recibió durante su Presidencia.
Agregó que estos favores fueron el pago por tres contratos por 87 millones de reales (unos 26.4 millones de dólares) que la OAS se adjudicó de forma irregular para obras de dos refinerías de Petrobras.
Dallagnol negó que las acusaciones fuesen una persecución contra Lula o contra su formación, el ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT).
“No se está juzgando a Lula por quien es o quien fue como persona ni se está juzgando a su Gobierno. Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas”, afirmó.
“Tampoco se está juzgando la ideología del PT sino si la formación se involucró o no en crímenes específicos”, afirmó.
Según el Fiscal, los sobornos pagados por la OAS a Lula son la punta de un iceberg de una amplia red de corrupción que involucró a varias empresas estatales y organismo del Gobierno cuyos directores fueron nombrados directamente por el entonces mandatario para recaudar recursos para diferentes partidos políticos.
Agregó que las empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos con la Petrobras pagaron propinas por un valor de 6,200 millones de reales (unos 1,879 millones de dólares), pero que las pérdidas generadas por la corrupción sumaron 42,000 millones de reales (unos 12,727 millones de dólares).
