El sistema tributario de República Dominicana está gravemente comprometido por una base impositiva limitada y una complejidad administrativa considerable, resultando en una recaudación ineficiente y distribución desigual de la carga fiscal.
Por consiguiente, es crucial implementar una reforma integral que modernice y simplifique el sistema, promoviendo la equidad, la transparencia y la responsabilidad gubernamental.
Un sistema tributario claro y accesible no solo aumentará la recaudación de manera sostenible, sino que también fomentará la participación ciudadana, fortalecerá la confianza en las instituciones y mejorará el atractivo del país como destino de inversión, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo.
Sin embargo, la realidad fiscal del país es un complejo entramado de exenciones y tratamientos especiales que ha convertido el sistema impositivo en una maraña ineficaz y opaca.
Por ejemplo, el presupuesto de 2024 revela un gasto tributario que supera los astronómicos RD$340,890 millones, exacerbando los problemas existentes. Este gasto no solo socava la neutralidad del sistema, sino que distorsiona decisiones económicas cruciales para el crecimiento del país. Más preocupante aún es que no se mide la eficacia ni la eficiencia de estas exenciones, dejando su verdadero impacto y contribución al desarrollo económico en la sombra.
La naturaleza política de los impuestos convierte la implementación de un sistema tributario justo en una batalla constante, donde diversos intereses luchan por mantener sus beneficios fiscales. Las reformas tributarias enfrentan la resistencia de élites y grupos de poder, y solo son viables en momentos de crisis, bajo la presión de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este contexto, donde nadie quiere que le carguen con más impuestos, es crucial que el Mgobierno aumente las recaudaciones sin imponer más cargas a la clase media y a los más vulnerables. La solución más prudente es desmontar gradualmente las exenciones ineficientes, asegurando que las políticas fiscales sean equitativas y promuevan un crecimiento sostenible.
En consonancia con esta necesidad, el sistema tributario dominicano se revela como retrógrado, injusto y plagado de ambigüedades. Basado en la Ley 11-92, sus leyes supletorias y numerosas normas adicionales emitidas por la Administración Tributaria. Este sistema requiere una revisión profunda para derogar las disposiciones contrarias a la Constitución y a la Ley 107-13, que regula los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Además, la Administración Tributaria debe ver restringida su facultad discrecional por ley. La formalidad y fiscalización de los tributos no deben depender de la interpretación de funcionarios o gobiernos de turno, sino que deben estar claramente establecidas en la ley. Para ambas partes, administración y obligados tributarios, las reglas del juego deben garantizar certeza en cuanto a sus obligaciones y derechos. La complejidad normativa que regula nuestro sistema tributario fomenta la evasión, el fraude, la informalidad y la corrupción, justificando una urgente transformación del sistema tributario dominicano para hacerlo más justo y eficiente.
Asimismo, es importante destacar que existen derechos humanos implícitos en materia tributaria que no deben ser inobservados. La Constitución dominicana, en su artículo 243, establece que el régimen tributario debe basarse en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano pueda cumplir con las cargas públicas.
En este sentido, es inaceptable que una misma fuente impositiva sea gravada múltiples veces por diferentes tributos, ya que esto empobrece al sujeto obligado y limita su crecimiento. Un ejemplo claro de esta problemática en el país son los servicios telefónicos, que con un mismo hecho generador están sujetos a tres impuestos diferentes: ITBIS (18%), selectivo al consumo (10%) y el impuesto a las telecomunicaciones (2%). Esta situación requiere una revisión urgente para alinearse con los principios constitucionales y promover un sistema tributario más equitativo y eficiente.
Con el objetivo de contribuir a un sistema tributario dominicano menos complejo, más eficiente y eficaz en la reducción de la evasión fiscal, presentamos las siguientes propuestas que deben ser imperativamente abordadas en la reforma fiscal integral:
- Impuesto sobre la renta (ISR): No es justo ni proporcional aplicar la misma tasa de contribución a empresas con beneficios mínimos y a aquellas con ganancias extremadamente altas. Proponemos clasificar a los contribuyentes por nivel de ingresos o beneficios netos y aplicar un rango de tasas para cada categoría, de modo que quienes obtengan mayores ganancias paguen una tasa más alta.
- Reducción de la informalidad: Establecer un régimen especial de incentivos para que los pequeños comerciantes formalicen sus actividades. Los contribuyentes acogidos a este régimen tendrán una tasa de 0.00% en todos los tributos durante los primeros tres años de formalización, cumpliendo con todas las declaraciones ante la Administración Tributaria. Después de tres años, o cuando sus compras o ventas alcancen los RD$25 millones anuales, entrarán al Régimen Simplificado de Tributación (RST).
- Exoneración del anticipo al impuesto sobre la renta: Exonerar del anticipo a todos los contribuyentes cuyas ventas sean iguales o inferiores a RD$25 millones al año.
- Deducción del ITBIS adelantado: Eliminar la proporcionalidad para la deducción de los ITBIS adelantados.
- Unificación de fechas para el pago de tributos: Unificar la fecha tope para el pago de todos los tributos fijos que se declaran mensualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sugiriendo el día 20 de cada mes.
- Eliminación del impuesto a los activos: Este impuesto puede ser confiscatorio y debe ser eliminado.
- Modificación del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI): Reducir la tasa del IPI al 0.50%.
- Reestructuración del Régimen Simplificado de Tributación (RST): Hacerlo más accesible, comprensible y de fácil acceso para los contribuyentes.
- Simplificación de reportes y declaraciones: Revisar y simplificar los reportes y declaraciones de compras (606), ventas (607), ITBIS (IT-1), declaración jurada de sociedades (IR-2) y Declaración jurada de personas físicas (IR-1), para evitar errores e inconsistencias en los cruces de información que practica la DGII.
- Revisión de la carga tributaria en la Ley de Hidrocarburos: Ajustar la elevada carga tributaria establecida en la Ley 112-00, eliminar la exención o reembolso a los generadores privados sin contratos aprobados por el Congreso Nacional, y derogar el impuesto de RD$2.00 por galón de combustible por emisión de CO2.
- Integración y revisión de leyes tributarias: La reforma tributaria debe integrar al Código Tributario Dominicano todas las leyes de carácter tributario actualmente dispersas, revisándolas y modificando aquellas contrarias a la Constitución dominicana y a la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Para concluir, es necesario que el Gobierno emprenda una reforma fiscal integral y holística que corrija los desajustes y la vulneración de derechos en el ámbito tributario de República Dominicana.
Esta reforma debe incluir la promulgación de una normativa clara y precisa, eliminando así las interpretaciones arbitrarias y abusivas que perjudican a los obligados tributarios. Es imprescindible, con la coherencia, prudencia y madurez que demandan las actuales circunstancias socioeconómicas, iniciar debates serios y profundos sobre esta reforma.
La inequidad actual, resultante de un sistema tributario que favorece desproporcionadamente a las élites, debe ser abordada con urgencia. La reforma fiscal debe no solo incrementar la recaudación, sino también rediseñar la estructura formal y funcional del sistema, eliminando las distorsiones y promoviendo un régimen tributario justo y eficiente.
