Ante la posibilidad de una reforma fiscal en 2026 — o la implementación de medidas para fortalecer la recaudación — resulta imprescindible reflexionar sobre el rol de los impuestos en la República Dominicana. Esto sin perder de vista la necesidad de garantizar su correcta administración, especialmente en un contexto marcado por imputaciones y señalamientos sobre presuntos usos indebidos de recursos públicos.
El debate sobre iniciativas para incrementar la recaudación debe tomar en cuenta los intentos fallidos de reformas en 2021 y 2024, así como las experiencias cercanas en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, donde propuestas similares tampoco lograron prosperar. La realidad actual es que la República Dominicana mantiene un déficit fiscal estructural cercano al 3% del PIB. Es decir, el Estado gasta más de lo que le ingresa, por lo que debe financiar la brecha con deuda, elevando el costo por intereses y restringiendo el espacio para inversión pública. Un marco fiscal sostenible exige combinar disciplina del gasto público, así como la mejora en la obtención de ingresos, lo cual naturalmente se cristaliza a través de una mayor recaudación de impuestos.
La potestad tributaria es una de las manifestaciones más intensas del poder estatal, pues implica imponer cargas económicas para satisfacer fines públicos. Aunque comúnmente asociamos los impuestos exclusivamente con el financiamiento de obras públicas y servicios esenciales, tales como salud, educación, seguridad, entre otros, su alcance es mucho más amplio. Los impuestos cumplen funciones estratégicas que impactan directamente en la estructura económica y social del país. La redistribución de la riqueza es una de estas funciones. Mediante sistemas progresivos, se busca reducir desigualdades, atendiendo al principio de capacidad contributiva, donde quienes más ganan aportan proporcionalmente más que aquellos que tienen menor ingreso. Esta función es clave para sostener la cohesión social y financiar programas que beneficien a los sectores más vulnerables.
Adicionalmente, los impuestos tienen la función reguladora. El diseño de un sistema tributario puede influir en el comportamiento de los agentes económicos. Se utilizan incentivos fiscales (e.g., exenciones a la manufactura destinada a la exportación) para promover actividades, o impuestos correctivos como el Pigouvian Tax (e.g., relacionados a la emisión de carbono) o el Sin Tax (e.g., sobre el consumo de tabaco y alcohol) para desincentivar determinadas conductas. Otra función clave es la sostenibilidad fiscal. La recaudación tributaria es esencial para mantener la estabilidad financiera del Estado y reducir la dependencia del endeudamiento, evitando que el pago de intereses comprometa recursos destinados a inversión social.
Es así como los impuestos son herramientas multifuncionales que regulan la economía, redistribuyen las riquezas, corrigen externalidades y garantizan la estabilidad del Estado. El pago de impuestos constituye el precio de vivir en una sociedad civilizada.
Como hemos dicho, en caso de darse una reforma fiscal, se impone una revisión integral del marco jurídico tributario, considerando estas múltiples funciones. Nuestro Código Tributario, aprobado hace más de 30 años, el cual ha sido objeto de reformas aisladas, ya no responde a las exigencias actuales de la tributación. Una reforma debe ir más allá del aumento de tasas, incorporando medidas efectivas contra la evasión, así como la simplificación y modernización de los procesos. Todo ello inspirado en los principios formulados por el economista Adam Smith en su obra The Wealth of Nations (1776), ampliamente aceptados en la actualidad, que promovían equidad, certeza, comodidad y eficiencia.
Con un sistema tributario constitucionalmente orientado, eficiente y justo, donde se garantiza la transparencia en la administración de los fondos públicos, se fortalece la legitimidad del Estado, se promueve la justicia social y se mejora la competitividad económica. La oportunidad que representa el año 2026 debe centrarse en que cualquier medida que se vaya a implementar para mejorar la recaudación sea sostenible, equitativa y adaptada a los retos del presente.
