Según algunos estudios e investigaciones realizadas en América Latina y el Caribe (ALyC), la informalidad es un fenómeno que afecta a gran parte de los países de la región, convirtiéndose, de paso, en una de las grandes preocupaciones de los gobiernos.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo afirma que “casi un 55% de los trabajadores de ALyC tiene un empleo informal sin contrato ni cobertura de seguridad social, y tres de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza”.
De su lado, la publicación Statista Research Department afirma que, al 2022, el país con el más alto porcentaje de fuerza laboral en el sector informal era Bolivia, con un elevadísimo 83.7%, seguido de El Salvador (67.4%), Colombia (58.4%), México (56.6%), República Dominicana (56.4%), Panamá (54.9%) y Argentina (50.9%).
Otros países por debajo del del 40%, en términos de informalidad laboral eran: Costa Rica con 39.2%; Brasil con 38.4%; Santa Lucía con un 30.3%; Chile con un 27.3% y el Uruguay con un reducido 22.1%. A partir de estos datos, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que la economía informal es un problema estructural de los países de la región.
Aquí se dan dos problemas en uno, aunque ambos confluyen en un mismo punto. Una es la informalidad laboral de la que se habló más arriba; pero la otra es la informalidad de los negocios, aquellos que tienen propietarios y realizan alguna actividad productiva que genera ingresos, ganancias, y hasta riqueza.
En el caso de los negocios informales, existen explicaciones de su origen y permanencia, siendo las más socorridas que sus propietarios tienen un bajo nivel educativo, que existen barreras de ingreso, así como bajos niveles de productividad que no permiten que haya una expansión de este tipo de empresas (FMI, 2020).
Otras características que, comúnmente, definen a los negocios informales es que no tienen acceso al crédito ni a la seguridad social, son invisibles frente al fisco y no pueden realizar negocios con el Gobierno pues no pagan los impuestos correspondientes. A pesar de todo lo anterior, la economía informal representa una parte importante del volumen de actividad económica que se realiza en los países de la región, aunque no impacten en los ingresos fiscales.
Y la razón de esto es que allí hay de todo y para todos. Por ejemplo, se cuentan las microempresas y las pequeñas empresas no registradas, pero también están los trabajadores por cuenta propia que, probablemente, es el grupo más numeroso pues están los motoconchistas, chiriperos, vendedores ambulantes, las trabajadoras de casas de familia, los que ejercen oficios técnicos, hasta llegar a los profesionales liberales que, en el mundo de hoy, han construido un nicho de mercado cada vez más creciente.
De cara a una reforma fiscal, como la que probablemente se planteará en el país durante los próximos meses, tratar el tema de la informalidad debería ser casi un mandato, no solo por lo que podría representar en términos de generación de ingresos tributarios, sino porque es una excelente oportunidad para organizar todo el espectro de la actividad comercial en República Dominicana y, de paso, echarle una mano a un sector que genera una gran cantidad de puestos de trabajo, aporta al producto bruto interno, aunque esto no se contabilice, y contribuye a la paz social en cada uno de los rincones en donde opera.
