Las relaciones jurídicas entre el Estado, de un lado, y los ciudadanos, de otro, sean personas físicas, empresas, organizaciones o cualquier interesado en interactuar con el gobierno de una nación, son normados por el derecho administrativo, una rama del derecho que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años. En este sentido, los Estados Unidos con su imponente economía, ha sido uno de los líderes en esta materia y es pionero en su evolución.
En una reciente decisión, la Suprema Corte de Estados Unidos revirtió un principio fundamental del derecho administrativo de ede país, denominada la doctrina Chevron, cuyo nombre se toma de un caso anterior decidido por el mismo tribunal. La doctrina y la controversia nace ya que el Poder Ejecutivo y el estado administrativo que se desprende de éste han crecido y asumido roles más preeminentes en la vida pública que la incidencia relativa de los poderes Legislativo y Judicial.
En la década de los 80, ante la SCJ, el caso Chevron, solicitaba que se definan los límites de las agencias administrativas (es decir, del Poder Ejecutivo) al interpretar leyes dictadas por el Congreso. En una gran victoria para el aparato administrativo -que fue rotundamente criticada en ese tiempo- la corte estadounidense estableció que siempre que sea “razonable” la interpretación del actor administrativo, los tribunales deben ser deferentes ante la acción administrativa.
Otra forma de entender la doctrina Chevron es que el Poder Judicial -los jueces- solo puede cuestionar las interpretaciones legislativas y actos administrativos consiguientes del Poder Ejecutivo solo en casos de que no sean “razonables” las interpretaciones de las leyes que interpretan. Esta doctrina, que es altamente condescendiente hacia el Poder Ejecutivo, ha sido parte del trasfondo del creciente estado administrativista en Estados Unidos.
En el caso que fue decidido recientemente, la SCJ adoptó la decisión contraria (por un voto de 6-3), estableciendo que “los tribunales deben ejercer su criterio independiente cuando consideran si una agencia ha actuado dentro de su potestad normativa”. También tomó la posición de que Chevron le concedía demasiados poderes a las agencias administrativas, y por ende, actuaba contra los intereses de los ciudadanos.
En cambio, los miembros con votos contrarios entienden que la decisión es una forma de concederle más poder a los jueces, en detrimento de los expertos en la materia. En parte, un argumento de que la economía actual requiere de un alto grado de tecnificación para poder emitir normas que sean cónsonas con el uso de las herramientas modernas.
Este caso representa intereses e interpretaciones en contraposición. Algunos sostienen que se le ha concedido demasiado poder a las autoridades administrativas para tomar decisiones que, en principio, estarían sujetas a una evaluación judicial muy limitada.
En cambio, otros abogan por la tecnificación de la creación y supervisión de normas, algo que los tribunales no están bien posicionados para realizar. Dos enfoques muy racionales pero contrastantes; el tiempo dirá si la decisión será favorable para la economía estadounidense o no.
