El Banco Central dominicano (BC) tiene la facultad de contratar deuda pública, básicamente interna, como uno de los mecanismos para la aplicación de medidas de política monetaria en procura de alcanzar uno de sus principales objetivos: el control de la inflación.
A eso se agregan otras medidas de política monetaria, que se relacionan con crear las condiciones para que los fundamentos macroeconómicos de República Dominicana sean los ideales en cuanto a estabilidad y crecimiento.
Sin embargo, el hecho de que el Banco Central sea un emisor de deuda pública ha sido cuestionado por economistas, tanto nacionales como internacionales, que consideran esa facultad debería ser exclusiva del Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda.
Incluso, actualmente, la deuda del Banco Central representa más de un cuarto de la deuda total del Estado (27.1%), su mayor proporción desde el año 2018, de acuerdo con las estadísticas de la institución y del Ministerio de Hacienda.
Hasta marzo de este año, la deuda consolidada del Gobierno Central (sector público no financiero -SPNF- más la del BC), asciende a US$72,838 millones, entre los cuales, US$19,739.1 millones corresponden a la institución monetaria y US$53,099 a la administración gubernamental.
Durante la última década, desde el 2013, el año en que la deuda del Banco Central tuvo mayor ponderación dentro de la deuda pública total fue en 2015, cuando alcanzó un 30.1%, mientras que su menor peso fue en 2020 con 22.4%.
Pero fue precisamente a partir del año 2020, por el impacto de la pandemia del covid-19 sobre la paralización de las actividades económicas, cuando el Gobierno tuvo que incrementar considerablemente su endeudamiento más allá de los parámetros regulares de los años anteriores para suplir necesidades, lo cual también impactó en el endeudamiento del BC.
En el caso del Banco Central, su deuda se incrementó más a partir del 2022, cuando la inflación internacional y local impactó seriamente los precios de los bienes y servicios en el país, obligando a tomar medidas de política monetaria restrictivas en procura de limitar el consumo interno y así evitar incrementos masivos de precios. Pero esa restricción implicó, además, incrementar el costo del dinero (las tasas de interés) y emitir más certificados para captar pesos y dólares en circulación, lo cual se tradujo en un incremento de la deuda.
Para tener una idea, en 2021 la deuda del Banco Central cerró en US$13,901.2 millones y para el cierre de 2022, en apenas 12 meses, se había incrementado en un 24.2%, tras alcanzar los US$17,271.3 millones, es decir, US$3,370.1 millones más, el mayor incremento en tan poco tiempo. En los años por venir, hasta marzo de este año, ya está en 19,739.1 millones.
Impacto en el PIB
El incremento de la deuda del Banco Central sobre la deuda pública total también se pone de manifiesto en su proporción como porcentaje del tamaño de la economía, es decir, del producto interno bruto (PIB).
Hace apenas cinco años, en 2019, la deuda del BC se colocó en un 12.9% del PIB, lo cual es considerado alto por organismos internacionales y analistas especializados.
Sin embargo, la situación actual es de mayor atención, pues a marzo de este año la deuda del Banco Central equivale al 16.1% del PIB y desde 2022 se mantiene por encima del 15%.
Transferencias desde Hacienda no son suficientes
Desde el año 2007 está vigente la Ley de Recapitalización del Banco Central, cuyo objetivo principal era que en un período de 10 años el Gobierno le pasaría a esa institución un monto anual específico como porciento del PIB, a los fines de ir desmontando su deuda y traspasándola al Ministerio de Hacienda.
De esa forma, ya para el año 2017, el Banco Central dejaría de ser un emisor constante de deuda pública. Sin embargo, las transferencias anuales no se cumplieron con base en el cronograma de la ley y por eso el BC continuó emitiendo deuda, no solo para tomar medidas de política monetaria, sino, además, para captar el dinero que se utiliza como pago de los intereses que va generando la propia deuda, lo cual se conoce como “déficit cuasi fiscal”.
Actualmente el Gobierno continúa transfiriendo dinero de recapitalización al Banco Central cada año, pero en una proporción que no alcanza ni siquiera la mitad del monto que requiere esa institución para cubrir los intereses que le genera su stock de certificados a plazo en forma de deuda interna.
