América Latina y el Caribe recaudan un tercio menos en impuestos al trabajo que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido a los bajos gravámenes al salario y al empleo en negro, según datos dados a conocer este lunes por la OCDE.
“En general el nivel de recaudación fiscal de América Latina es bajo”, apuntó Ángel Melguizo, directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE para América Latina y Caribe, durante la presentación mundial en Buenos Aires de la primera edición del informe “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe”.
Según el estudio presentado este lunes, en la región la presión fiscal sobre el trabajo supone de media solo 21.7% del coste laboral (aquel que tiene el empleador al usar recursos humanos) frente al 35.9% que representa en la OCDE.
Aunque la organización reconoce gran “heterogeneidad” entre la veintena de países estudiados, dado que “ha terminado” la fase en que Latinoamérica se sostenía con el mercado de las materias primas, es indispensable que “la financiación de la política pública” comience a venir de una mejor “administración interna”, consideró, por su parte, Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo.
En esa transformación es “clave” el tributo sobre la renta de los trabajadores ya que, aunque existen excepciones como Argentina, en general “la renta la pagan solo los deciles (sectores) más altos y pagan poco”, indicó Pezzini.
No es el único problema que enfrentan los sistemas fiscales latinoamericanos y caribeños, sino que, además, deben batallar contra el trabajo en negro, que alcanza una cuota de 55%.
“Entrar en la formalidad es un coste bastante elevado”, admitió Melguizo, y no solo para los sectores más vulnerables sino también para la “clase media emergente”, para la cual “los impuestos pueden representar entre un 70 o un 80% de los salarios”.
En los casos en los que la base fiscal es amplia, como en Argentina, la carga tributaria no es suficientemente progresiva ya que la mayor parte de los impuestos proceden del consumo.
Además, no hay una percepción de que el dinero recaudado vaya a ser bien empleado.
“En América Latina el doble de ciudadanos que en cualquier país de la OCDE justifica el evadir impuestos”, detalló Melguizo, y enumeró motivos como la corrupción, la percepción de una baja calidad de los servicios públicos o cuestiones culturales como la idea de recompensa al esfuerzo.
Muchas dificultades, sin embargo, no dependen solo de las medidas internas sino de la adopción de estándares internacionales a los que la OCDE anima a unirse.
Desde la organización trabajan flancos como la mejora del intercambio de información para evitar la evasión llevando el dinero a paraísos fiscales o la “erosión” que provocan las multinacionales al trasladar sus beneficios a países de baja o nula tributación, con bases de datos actualizadas y automatizadas que sirvan de guía a los países.
“Con la globalización los países no pueden atacar el tema de evasión simplemente con reglas nacionales, tienen que cooperar con otros países porque los evasores no conocen las fronteras”, recalcó Grace Pérez-Navarro, directora adjunta del Centro de política y Administración fiscal de la OCDE.
“Con los estándares de la OCDE hemos logrado que 135 países se hayan convertido en miembros del foro global para la transparencia e intercambio de información”, en 2017 se incorporarán 60 y en 2018 otros 60 -con Suiza incluida-, según destacó Pérez-Navarro.
En general, según la OCDE, los sistemas fiscales de Latinoamérica y el Caribe deben dar “incentivos” para tributar y mejorar la transparencia y la calidad del gasto.
En nombre del Ejecutivo de Mauricio Macri participó en la presentación del informe Marcelo Scaglione, representante ante la OCDE del Ministerio de Hacienda de Argentina, un país que a comienzos de año, tras el cambio de Gobierno, pidió ser miembro formal de la organización.
Scaglione hizo hincapié en que el Gobierno tiene “en agenda” una reforma fiscal ambiciosa para acabar con un sistema injusto y “perjudicial” para la competencia.
Otros países que ya plantean reformas fiscales estructurales son Colombia, Costa Rica o Perú, donde la recaudación apenas llega al 20% del PIB.
La presentación se realizó en el marco de un foro sobre política fiscal VI Foro LAC (Latinoamérica y Caribe) de Política Fiscal de la OCDE.
