Hace unos años, en este mismo espacio, hice algunas propuestas de hacia dónde creía debería ir una reforma constitucional: Un texto más llano, menos división territorial, un Estado más pequeño y cercano a todo el territorio, etc. Cambios que realmente implican una variación de las cuotas de poder, con una repercusión real en el diálogo nacional y que pudiera ser razón para la esperanza colectiva.
Vistas las cosas como han sido propuestas, personalmente creo que estamos reforzando un modelo de país que nos mueve a una mayor concentración de poder en los partidos políticos y lo alejan de la gente y el territorio. Metida en esas reformas está la idea de que los partidos políticos, y no la gente, son la mejor manera de gobernarnos. Personalmente, yo creo que no. Que la madurez que hemos ido atesorando como nación deberá llevarnos, hoy o mañana, a las buenas o a las malas, a cuotas de poder más equitativas.
Desde el punto de vista histórico, dos realidades nos piden andar un camino distinto al propuesto por el Presidente. Primero, la profunda concentración del poder que se dio durante la primera invasión americana y que luego el régimen de Trujillo perfeccionara, nunca ha sido desmantelada. En este modelo, todo, cualquier decisión del Estado dominicano, debe pasar por la capital, independientemente de que tan lejos del centro esté la población afectada. Algo que era sostenible con un millón de personas en el país y un férreo control militar, pero que presenta serios retos cuando se aplica en una realidad con 10 veces ese número de personas, donde el poder militar ha mermado tremendamente, gracias a Dios, y la población tiene expectativas distintas de lo que el gobierno debe proveer.
Segundo, un poder legislativo (las minúsculas son intencionales) que ni hace ni entiende su función. A nivel constitucional, el Poder Legislativo tiene dos cámaras, una que vela por los intereses del territorio (los senadores) y otra los de la ciudadanía (diputados) y ambas actúan como el contrapeso del Poder Ejecutivo. Esta visión clásica ha distado mucho de la ejecutoria de nuestro Congreso que hasta 1960 actuó como un sello gomígrafo del dictador. Para pasar a serlo, a mediado de los 70, de los grupos de poder económico, y luego desde los 90 hasta nuestros días, de los intereses de los propios partidos y sus miembros, de una parte y de la otra de intereses económicos adversos al bienestar colectivo, donde particularmente se destacan los grupos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico, por un lado, y, por el otro, los representantes, muchas veces dueños de las bancas de apuestas.
Irónicamente, el PLD entronizó estos dos vicios –una superconcentración del poder y un congreso genuflexo- como una “visión de Estado” en sus 20 años de poder, legándonos un Estado centralizado, gigantesco, omnipresente y corrupto, que confunde el interés del Estado con el del partido y un congreso nacional donde está ausente el respeto por los verdaderos procesos de consenso nacional y que no toma en cuenta el interés de las personas afectadas. Las decisiones se centran en la conveniencia para el partido de turno, en el mejor de los casos, o para quien sea que lo controla, en el peor.
Si alguien duda de mis palabras, les pido recordar como el anterior presidente Danilo Medina cercó el Congreso y como los legisladores de su partido no veían nada malo con la medida.
Un reto menor, en el contexto de estos dos monstruos, es una burocracia con un entendimiento limitado de su propia importancia y cuya fidelidad en gran medida no es al Estado, si no al partido, siempre y cuando se cumpla con formalidades que legalicen las decisiones tomadas, como si fuere el rito y no la sustancia lo que diera sentido a la legislación votada. En nuestra realidad actual, cada vez es más legítimo ser un político de tiempo completo.
Hace mucho tiempo que los partidos y sus líderes no buscan crear el Estado más eficiente para administrar lo público, sino que buscan maximizar la creación de empleos en el tren gubernamental que puedan repartir entre sus adeptos, creando así más adeptos. Adicionalmente, en nuestra realidad, cada vez es más frecuente que el poder político lo concentre un solo partido. Esto no es casual y no se debe a que una oferta política de manera global es siempre superior a las otras, sino que se debe a que esto que yo torpemente trato de describir pero que la gente sabe hace mucho: Si quieren tener algún acceso mejor les conviene votar por el partido que va a ganar que por el representante que más conviene a sus intereses. Esto crea un dialogo mucho más pobre y una situación intrínsecamente más injusta para todos.
Burocracia que en sí misma está regida por una inequidad profunda, donde los funcionarios, en su mayoría venidos de las filas de la partidocracia, tienen salarios dignos de cualquier jeque árabe y la gran masa burocrática genuflexa y clientelar con un salario inferior al salario mínimo del sector privado. A esto sumamos que esta gran masa burocrática tiene una escasa preparación y entiende que un diploma la avala para ejercer determinada función sin preocuparse, uno, si el proceso académico realmente culminó en un aprendizaje o dos, del valor que a nivel personal agrega al proceso y en esto al país. Burocracia que muchas veces siente que el mismo puesto la avala para mirar con desdén a los ciudadanos que requieren sus servicios.
¿En este escenario, qué corrección ética podemos esperar conscientemente los dominicanos en la decisión de la asamblea? ¿Podemos esperar que prime el bien mayor propuesto o el interés individual y del partido tradicionalmente protegido a toda prueba? ¿Realmente, qué apego podemos esperar de los congresistas reunidos en asamblea a la palabra empeñada por el presidente “so pena”?
Con estas preguntas no quiero decir que no se haga o que las intenciones del Presidente no son las que él nos dice, diferencia importante a muchos presidentes anteriores y que no debe perderse en el análisis. Intento hacer consciencia en los que toman decisiones de los retos que tenemos que sortear para llegar al puerto soñado, que no es más que un paso, importante y notorio, en el transcurrir nacional a un país “de renta alta”, porque decir “desarrollado” es otra cosa.
