En un rincón soleado de República Dominicana, donde las risas de los niños resuenan en las calles, una dura realidad se oculta tras las puertas cerradas: el matrimonio infantil. Un flagelo social que pese a su prohibición en 2021 se ha normalizado en ciertos estratos sociales, convirtiéndose en un “secreto a voces” que viola los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Sanely Valenzuela, una joven de apenas 18 años, se enfrenta a un mar de expectativas sociales que chocan con la cruda realidad de su vida. Con el sueño de convertirse en odontóloga, su camino se tornó incierto hace poco más de un año, cuando decidió “unirse” con un joven siete años mayor. Con mirada desorientada, Sanely revela su lucha interna: “Me hubiese gustado tener mi bebé después de ser profesional para darle una mejor vida”. Hoy, a siete meses de haber dado a luz, navega la maternidad en solitario, apoyada por un círculo reducido de amigos.
“Me casé (a los 17 años) cuando salí embarazada, no porque quisiera, sino porque tuve que hacerlo al enterarme de la noticia”, confiesa. En sus palabras resuena el eco de una realidad abrumadora: es parte del 35% de las dominicanas que se casan antes de cumplir 18 años y del 58% en América Latina que da a luz antes de esa misma edad. “Al principio uno se siente mal y siempre habrá de qué hablar, pero nada… hay que echar pa’ lante con mi muchachito”, dice con determinación mientras rememora el momento que cambió su vida.
La risa nerviosa le brota al recordar que no deseaba estar en esa situación. “No quería estar ahí, porque yo no me quería casar; ese fue uno de los mayores desafíos”, repite Sanely, lamentando haber pausado sus estudios en tercero de bachillerato. Ella también forma parte del 37.4% que abandona la educación tras dar a luz por no tener con quién dejar al niño. En este momento, vive con su madre, quien ha sido su inquebrantable fuente de apoyo en esta etapa inesperada.
Una historia similar vivió Maritza Alcántara. A los 14 años, se unió a un hombre de 33 (cinco meses después de conocerlo) y a los 16 ya era madre por primera vez, replicando el patrón marcado por su hermana mayor. “Me casé casi a los 15 años; no me hizo nada tomar la decisión, sino cosas de juventud. Era normal para mí”, recuerda Maritza al reflexionar sobre su pasado. Ahora, a sus 43 años, mira hacia atrás y toma conciencia de sus sacrificios. Aunque asegura que “no pasó trabajo”, su mayor deseo es que sus cuatro hijas no enfrenten la misma realidad, especialmente las dos más jóvenes, de 16 y 10 años. Actualmente, el 9% de las niñas que se unen antes de los 15.
Las cifras son alarmantes: no solo más del 30% de los matrimonios o uniones en el país involucran a personas menores de edad, sino que 41.7% lo hace con parejas mayores de hasta cuatro años y un 34.7% con hombres con diferencia de edad desde cinco a nueve años, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2019 y la Comisión Económicos de América Latina y el Caribe (Cepal), 2023, respectivamente.
Detrás de cada número se oculta una historia personal, un futuro robado y un camino incierto para muchas mujeres jóvenes. ¿Cuántas ‘Sanelys’ y ‘Maritzas’ hay escondidas detrás de esas cifras? Cada una representa una oportunidad perdida en un mundo que aún lucha por entender el verdadero costo de la maternidad temprana, pero también un lastre para las políticas implementadas por el Estado y diversas organizaciones que trabajan para erradicar esta práctica.
El representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera Cordón, describe la situación como crítica. Enfatiza que esta problemática afecta especialmente a las zonas rurales y a las familias más desfavorecidas de este país, donde casi la mitad de las adolescentes se unen a edades tempranas con hombres mucho mayores.
Para combatir esta práctica ilegal pero aceptada socialmente, Carrera Cordón subraya la necesidad “urgente” de implementar estrategias que transformen las normas sociales y culturales que perpetúan estas uniones. “Esta práctica roba a las niñas la libertad de lograr todo su potencial y elegir un mejor futuro”, asevera.
En tanto, el psicólogo Ricardo Pichardo, creador del espacio Psicohumanizar, identifica múltiples factores detrás de las uniones tempranas. “La violencia intrafamiliar es uno de los más significativos”, explica. Muchos adolescentes creen erróneamente que al unirse a otra persona pueden escapar del entorno violento en el que viven.
Además, subraya que existen creencias profundamente arraigadas en esta sociedad como el “me uno a otra persona para ser feliz” o “hay que tener hijos temprano”, que ejercen presión sobre los jóvenes para formalizar relaciones lo antes posible.
De igual forma, Héctor Flores, analista de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión de la Política de Prevención y Atención de Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), agrega que las uniones tempranas persisten debido a factores como la iniciación sexual precoz, la falta de educación sexual integral y normas culturales arraigadas. Este contexto socioeconómico desfavorable contribuye, asegura, a perpetuar una tragedia silenciosa que sigue robando futuros a miles de adolescentes dominicanas.
Al respecto, la socióloga de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Josefina Arvelo, subraya que las uniones matrimoniales tempranas en República Dominicana afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. En su análisis, Arvelo señala que estas uniones son más frecuentes en comunidades con carencias económicas, educativas y sociales, perpetuando así un ciclo de limitaciones y pobreza.
“Cuando una adolescente se embaraza, asume una responsabilidad múltiple que interfiere con su educación”, explica Arvelo. En lugar de dedicarse a sus estudios, muchas jóvenes se ven obligadas a generar ingresos para atender las necesidades que surgen de estas uniones prematuras. Esta situación crea barreras que dificultan el acceso a empleos rentables, lo que a su vez perpetúa sus condiciones económicas desfavorables.
Para la activista por los derechos de los niños, Claudia Brioso, la falta de educación adecuada impulsa las uniones tempranas en el país. Señala que muchos padres, especialmente en hogares pobres, ofrecen a sus hijas a hombres con dinero con la esperanza de que “progresen”. Brioso destaca que muchas niñas se unen “voluntariamente” debido al abandono parental, la pobreza y factores culturales.
El coste de la maternidad precoz
El embarazo en adolescentes sigue siendo una problemática crítica en el país, a pesar de haber disminuido en los últimos cinco años (9.5%). El informe de Unicef, “Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe”, arroja que muchas mujeres que contrajeron matrimonio durante la infancia dieron a luz antes de los 18 años, con más del 80% de los casos ocurriendo antes de los 20. El país lidera la tasa de embarazo en adolescentes de la región.
Para el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación (Educa), Darwin Caraballo, la vulnerabilidad socioeconómica y el escaso nivel educativo son factores determinantes en estos embarazos. Según datos de la ONE, desprendidas de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar, 2019) y Unicef, un alto porcentaje de mujeres en zonas rurales con educación primaria o en el quintil más pobre se casaron antes de cumplir 18 años.
“Esto limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, perpetuando un círculo vicioso de pobreza que se reproduce a sí mismo”, indica Caraballo, al señalar que la falta de rechazo social hacia el embarazo adolescente y los bajos niveles educativos contribuyen a la deserción escolar y universitaria, y al desempleo o empleos de baja remuneración.
Cita que una investigación realizada por Educa en 2018 reveló que casi el 40% de las niñas que abandonaron la escuela experimentaron un embarazo precoz, lo que subraya el impacto negativo en su trayectoria educativa. En 2022, se registraron 453,287 nacimientos de madres adolescentes, con un 25.8% de estas teniendo 18 años y un 5.8% apenas 15, según estadísticas de la ONE.
“La ausencia de una educación adecuada para el ejercicio responsable de la sexualidad es evidente”, resaltó Caraballo. Describe que en aquellos países en donde los NNA reciben una educación sexual adecuada, ésta actúa como un elemento disuasivo del inicio temprano de la vida sexual y contribuye a mayores cuidados para mitigar los riesgos derivados.
Arvelo explica que el embarazo adolescente obliga a las jóvenes a abandonar sus estudios y asumir responsabilidades económicas, lo que dificulta su acceso a empleos rentables. “Solo el 4% de las adolescentes que se casan temprano logran llegar a la universidad, enfrentando mayores dificultades que los hombres, quienes a menudo las abandonan, debido a lo insostenible de la situación o como resultado de encuentros fortuitos que culminan en un embarazo no planeado”, agregó.
Las consecuencias son preocupantes: desde violencia sexual hasta limitaciones educativas y laborales. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2023, estima que el embarazo adolescente cuesta a República Dominicana US$245 millones anuales, equivalente al 0.29% del producto interno bruto (PIB). Esta cifra incluye costos relacionados con la atención médica durante el embarazo y el parto, así como ingresos fiscales perdidos debido a la falta de inserción laboral de estas jóvenes.
La socióloga enfatiza que “las uniones tempranas reproducen la marginalidad y la pobreza” en estos sectores. Al tener que destinar su tiempo a la búsqueda de ingresos para sostener a sus hijos, las adolescentes quedan atrapadas en una trampa generacional.
Ante esta problemática, Arvelo aboga por un diálogo abierto con los adolescentes sobre las implicaciones y consecuencias de las uniones tempranas. “Es fundamental educar desde las escuelas sobre cómo planificar el futuro”, afirma. Subraya la necesidad de formar a los educadores para que puedan orientar a los estudiantes en estos temas críticos, asegurando así una enseñanza más efectiva y consciente y así romper con el ciclo de pobreza.
Factores de riesgo y secuelas
La doctora Dalma Dipp Anderson, ginecobstetra especializada en reproducción humana, advierte que el cuerpo de una niña o adolescente no está completamente desarrollado, lo que aumenta las complicaciones durante el embarazo y el parto.
Conforme con informaciones de la ONE, los embarazos en adolescentes representan un grave riesgo para la salud materna e infantil. De cada 1,000 nacidos vivos de madres adolescentes, 22 mueren antes de los 28 días, y 28 no sobreviven al primer año.
La especialista explica que las complicaciones incluyen enfermedades hipertensivas como preeclampsia y eclampsia, partos prematuros y mayor riesgo de mortalidad tanto para la madre como para el bebé (muertes materno-infantil). En 2022, aunque se observó un descenso en los embarazos a edades tempranas, aún se registraron 7,588 nacimientos de madres menores de 18 años. Este fenómeno se considera un factor disruptivo del desarrollo, según la ONE.
Además de los riesgos físicos, las adolescentes enfrentan traumas psicológicos significativos. El psicólogo Pichardo describe que este período vital está lleno de desafíos y que la maternidad no encaja con las tareas que deben resolver durante su adolescencia. Menciona que las emociones más comunes entre estas jóvenes son miedo, tristeza y soledad, muchas veces agravadas por la falta de apoyo familiar.
Otro factor decisivo es el acceso a anticonceptivos. El país reporta una necesidad insatisfecha de 27% entre las adolescentes sexualmente activas, de acuerdo con el informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en la República Dominicana”, de la UNFPA.
Al respecto, la doctora Dipp enfatiza que lo ideal es que los adolescentes retrasen su vida sexual hasta estar preparados física y psicológicamente. Sin embargo, lamenta que las relaciones sexuales comienzan cada vez más temprano, por lo que exhorta a buscar orientación profesional no solo para evitar el embarazo, sino también sobre el preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS).
En ese sentido, Sanely cuenta que no quedó embarazada por desconocer sobre las pastillas anticonceptivas, sino por temor a ser descubierta por su madre. “Tenía miedo de que mi mamá me descubriera las pastillas, ya que no sabía que había iniciado mi vida sexual y que estaba activa”, recuerda.
Mayor persecución
El abogado Juan Rosario Gratereaux recordó que la Ley 1-21 prohíbe el matrimonio infantil en República Dominicana, estableciendo penas de dos a cinco años de prisión y multas de tres a 10 salarios mínimos para quienes mantengan relaciones con menores. Sin embargo, criticó el sistema legal por actuar solo en casos vinculados a figuras públicas, señalando que “solo se toman acciones cuando se trata de individuos influyentes”.
Gratereaux abogó por un mayor seguimiento, indicando que el nacimiento de un hijo de una menor de 18 años debería activar denuncias. “Basta con tener un Ministerio Público decidido a perseguir estas conductas”, afirmó a este medio el especialista en derecho laboral.
No obstante, el director ejecutivo de Educa recalcó que además de legislar contra el matrimonio infantil se debieron abordar los efectos colaterales. “Si las prácticas culturales no se abordan es posible que el problema de las uniones tempranas no solo persista, sino que se agrave”, enfatiza Caraballo.
elDinero solicitó información a la Suprema Corte de Justicia sobre condenas por uniones tempranas desde 2021, vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (Saip), pero pasado el plazo establecido no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.
Políticas y acciones
Flores, analista del Conani, destaca que desde el lanzamiento de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) en diciembre de 2021, esa entidad ha coordinado acciones interinstitucionales con el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA-RD).
Dijo que se han implementado programas de educación sexual integral (ESI) y se está fortaleciendo el sistema de protección de derechos, diseñando la Ruta Crítica para intervenir en casos de uniones tempranas y abuso sexual. También se realizan campañas para cambiar normas sociales que perpetúan estas situaciones. “Se trabaja en la actualización del marco jurídico e institucional, involucrando a diferentes sectores como los ministerios de Educación y de Salud Pública para asegurar una respuesta efectiva y coherente ante esta problemática”, puntualizó el funcionario.
Sin embargo, ¿es suficiente el presupuesto? Luis Pellerano, del Departamento Financiero de Conani, indicó a este medio que para el Programa Multisectorial de Reducción del Embarazo en Adolescentes se asignaron RD$87.7 millones en 2024. Esta cifra representa una disminución respecto a los RD$100.6 millones de 2022 y RD$101.3 millones de 2023, sumando un total de RD$289.6 millones en tres años.
Pellerano destaca que, aunque hay un apoyo financiero significativo, la complejidad del problema exige una inversión sostenida y coordinación con otras entidades del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA). “Para garantizar la efectividad del programa es crucial considerar un aumento presupuestario en los próximos años, lo que permitirá atender mejor las necesidades emergentes en la reducción del embarazo adolescente”, abogó Pellerano.
Una tarea de todos
Los expertos coinciden, por separado, en que la prevención debe comenzar en las escuelas, el hogar y ser un esfuerzo colectivo. “Todos tenemos un papel crucial en este cambio, especialmente los hombres, quienes deben rechazar estas uniones”, puntualiza Carrera. Agrega la necesidad de más espacios donde los jóvenes puedan hablar sobre sus derechos y los efectos negativos de estas prácticas, motivándolos a completar su educación y alcanzar sus metas.
