Imagina que, al iniciar un nuevo ciclo educativo como el año escolar ya sea que estés inscribiéndote en la universidad, tomando un curso de capacitación, o preparando a tus hijos para el colegio y te enfrentas a una lista interminable de gastos: matrícula, uniformes, libros y todo lo necesario para comenzar las clases. Sin embargo, en ese momento no cuentas con los recursos suficientes para cubrir todos los costos.
Ante esta situación, decides solicitar un préstamo para asegurar que puedas acceder a esta oportunidad educativa, confiando en que los ingresos futuros, como tu salario, te permitirán pagar esa deuda con el tiempo. Más allá de cubrir una necesidad inmediata, reconoces que esa inversión en educación ya sea para ti o para tus hijos, traerá beneficios significativos a largo plazo, al mejorar tus habilidades, conocimientos y perspectivas de éxito en el futuro.
Esta situación por más cotidiana que parezca sigue la misma lógica de lo que sucede cuando un Estado decide endeudarse. Los gobiernos, al igual que las familias, enfrentan situaciones en la que los recursos disponibles no son suficiente para cubrir compromisos inmediatos. La deuda pública, al igual que cualquier préstamo personal, es una herramienta que permite acceder a recursos financieros, cuando los ingresos fiscales, es decir, los impuestos y otras fuentes de ingreso público, no son suficientes para cubrir todos los gastos.
Los Estados no solo se endeudan para cubrir déficits también se endeudan para financiar proyectos que pueden generar beneficios económicos sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, la construcción de infraestructura: carreteras, aeropuertos, hospitales, entre otros, que, aunque requiere grandes inversiones que no pueden financiarse con los ingresos regulares en un solo año fiscal, son esenciales para el desarrollo de un país y mejoran significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
Es por esta razón que el endeudamiento es un mecanismo tan común y de vital importancia, especialmente en países en desarrollo, donde la necesidad por mejorar la infraestructura, aumentar los servicios sociales y estimular el crecimiento económico a menudo supera los recursos disponibles. Factores como los bajos niveles de ingresos, la vulnerabilidad a choques externos, alto nivel de pobreza que acentúa la demandan apoyo financiero, crean condiciones para una alta desentendencia de la deuda externa. En particular los proyectos de infraestructura suelen financiarse con préstamos internacionales o asociaciones público-privadas.
En el caso de la República Dominicana, los mecanismos de deuda, como la emisión de bonos y la obtención de préstamos internacionales, son herramientas habituales para financiar desde el déficit fiscal hasta responder a emergencias; como la emisión de bonos soberanos en enero de 2023 por más de 3,000 millones de dólares en los mercados internacionales, destinados a cubrir el déficit fiscal proyectado para ese año 2024, así como a financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y otros gastos prioritarios.
También, la modernización del transporte público en Santo Domingo que incluye la ampliación de la línea 2 del metro, financiada con un préstamo de 500 millones de dólares, o la aprobación del préstamo para el financiamiento del proyecto de respuesta a emergencia y resiliencia por 200 millones de dólares.
No obstante, el endeudamiento estatal conlleva riesgos similares a los que enfrentan las familias. Uno de los principales riesgos es el sobreendeudamiento, es decir, alcanzar un nivel de deuda superior al que se puede manejar, lo que puede afectar la capacidad de crédito y el perfil de riesgo.
En el caso de los Estados, el sobreendeudamiento puede llevar a una crisis fiscal que impida cumplir con las obligaciones de pago, afectando negativamente su capacidad para financiar nuevos proyectos o responder a emergencias. Además, a mayor nivel de endeudamiento, los inversionistas pueden exigir tasas de interés más altas para compensar el riesgo percibido, lo que incrementa el costo de la deuda. Por lo tanto, es fundamental mantener la premisa de la sostenibilidad, es decir, asegurarse de que esas inversiones tendrán retornos a futuros y que se cuenta con capacidad de pago.
También, recalcar la importancia de implementar una reforma fiscal integral, como la que actualmente se discute en la República Dominicana, pues una reforma de este tipo no solo contribuiría a mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos, sino que también podría optimizar la gestión de la deuda pública, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva y responsable, priorizando el endeudamiento orientado a fines productivos, que generen beneficios económicos sostenibles y mejoren la calidad de vida de la población a largo plazo.
Como reflexión final, es importante comprender que el endeudamiento, cuando se maneja de manera responsable, es una herramienta esencial para que los Estados financien el desarrollo económico. Lo fundamental es mantener un equilibrio que evite los riesgos del sobreendeudamiento y garantizar que la deuda se gestione de forma sostenible, estableciendo así las bases para un desarrollo inclusivo y equitativo.
