Argentina reduce desde este lunes un impuesto que pesa sobre las importaciones de bienes y servicios, una jugada no exenta de costos y riesgos pero que se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para “pulverizar” la aún muy elevada inflación del país suramericano.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que desde este lunes la alícuota del denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País) para las importaciones de bienes y servicios pasará del 17.5% al 7.5%, retrotrayendo el arancel al nivel de diciembre de 2023, cuando Milei, apenas asumir la Presidencia, lo elevó como parte de su plan de ‘shock‘ para estabilizar la macroeconomía.
La reducción, según aseguran las autoridades argentinas, va a permitir abaratar costos de materias primas y bienes intermedios importados, y, por ende, bajar los precios de los productos terminados en Argentina y estimular la competencia en general.
El objetivo: consolidar el proceso de desaceleración de la inflación, que, de tasas mensuales del 25.5% en diciembre y del 20.6% en enero, ha ido moderando su evolución, hasta un alza, aún muy elevada, del 4% en julio, según el último dato oficial disponible, y del 3.8% en agosto, de acuerdo a cálculos privados.
“La medida es una buena señal. La inflación debería bajar entre 1 y 1.8 puntos porcentuales, dependiendo la incidencia de insumos importados en los productos finales”, explica a EFE Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.
La carga tributaria del denominado impuesto País en el precio de venta final para bienes producidos en Argentina que usan insumos importados es de entre el 2% y el 6%, por lo que la reducción de la alícuota abarataría el precio final entre un 1.14% y un 3.4%, según cálculos privados.
Si la reducción de precios efectivamente se concretará es algo que se sabrá con el correr de las semanas.
Algunos expertos advierten de que no necesariamente los menores costos se traducirán en una bajada de precios, porque los fabricantes o proveedores de servicios podrían optar por retener para sí los beneficios en un contexto macroeconómico en extremo delicado, en el que ya han tenido que resignar ganancias y en el que muchos otros costos, como energía, logística o salarios, seguirán al alza.
“Habrá que ver si en el plano real las empresas capturan la nueva brecha para incrementar sus márgenes o realizan un traslado parcial o total de la rebaja”, apunta el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un informe.
Sectores como el agro ya sacan cuentas de la mejora que obtendrán por la bajada del impuesto, pues en sus costes tienen una fortísima incidencia las importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola.
El impuesto País fue creado en 2019 por un período de cinco años, para gravar con un 30% los viajes y consumos en el exterior, una de las tantas trabas del denominado ‘cepo cambiario’ que aún rige en una Argentina con exiguas reservas monetarias.
La tasa sobre las importaciones se añadió a mediados de 2023.
El arancel para los turistas no cambia este lunes, pero el Gobierno ha prometido no renovar la vigencia del tributo en general, que caduca a finales de este año, renunciando a una importante fuente de ingresos (US$17,000 millones desde su creación, según calcula el IARAF).
“La reducción de la tasa implicará una pérdida de aproximadamente US$2,500 millones (0.4% del PIB) para lo que resta de 2024. De todas formas, el objetivo de equilibrio fiscal no se ve seriamente comprometido”, sostiene la consultora Invecq en un informe.
Los expertos también advierten de que el abaratamiento de las importaciones incentivará las compras externas y, por ende, la demanda de divisas, sumando presión a las reservas del Banco Central, negativas en US$5,900 millones, según cálculos privados.
No se descartan renovadas tensiones cambiarias, pero, aun “con un signo de interrogantes sobre el nivel de reservas”, Piazza cree que, a partir de una mayor demanda de divisas en el mercado oficial, podría descomprimirse la demanda de los importadores respecto a los dólares financieros, cuyas cotizaciones son la referencia para muchas operaciones económicas en Argentina.
