El Ejecutivo argentino hizo oficial este lunes el veto al proyecto de ley para actualizar las jubilaciones, que había sido aprobado por amplia mayoría en el Parlamento, una medida con un costo político importante por el disenso con la oposición.
El veto fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente argentino Javier Milei y todos sus ministros, después de que el viernes pasado el mandatario firmase la resolución, tras una reunión con parlamentarios del oficialismo y de la denominada oposición ‘dialoguista’.
Diputados de distintas fuerzas políticas, como Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), han expresado en los últimos días su rechazo a ese veto e, incluso, desde el peronismo -que gobernó Argentina en 16 de los últimos 20 años-, se alentó una recogida de firmas en contra de la decisión presidencial.
El proyecto, que había sido aprobado por el Senado -tras su paso por Diputados- el 22 de agosto, establecía una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8.1%.
Con una inflación del 263.4% interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65% de los 6.5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los US$312 mensuales -al tipo de cambio oficial actual-, que representa un 82% del salario mínimo legal del país.
Según un comunicado emitido tras la aprobación parlamentaria, el Ejecutivo rechazó el proyecto adjudicando que el aumento implicaría un gasto adicional del 1.2% del PBI y obligaría al Estado a contraer deuda, que iría en contra del sostenimiento del superávit fiscal que el presidente “se comprometió con los argentinos a sostener a toda costa”.
En su lugar, el Gobierno informó de que decretará un aumento del 4% en las pensiones para septiembre, unos US$71, pero esto podría no ser suficiente para diluir el descontento social.
El miércoles pasado, unos 2,500 jubilados marcharon desde el Congreso hacia la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) para exigir que el presidente no vetara la ley; en dicha manifestación, la policía reprimió, en virtud del protocolo antipiquetes dispuesto por el Gobierno, con gas pimienta y porras.
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de recortes de Milei, puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado.
