La OCDE estima que la economía británica, que lleva con un crecimiento muy débil desde la crisis financiera global, debería acelerar su ritmo de expansión en los dos próximos años para pasar del 0.1% en 2023 al 1.1% en 2024 y al 1.2% en 2025.
En un estudio económico sobre el Reino Unido publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisa al alza sus propias expectativas del informe semestral de Perspectivas de comienzos de mayo, cuando esperaba un incremento de la actividad del 0.4% este año y del 1% el próximo.
El principal vector de esa subida del producto interno bruto (PIB) será la progresión de los salarios en términos reales, que van a alimentar el consumo privado.
Simultáneamente, la inflación está moderándose rápidamente, al pasar del 7.3% de media el pasado ejercicio al 2.7% en el actual y al 2.4% el próximo.
No obstante, la inflación subyacente (que excluye los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos) se mantendrá relativamente elevada en 2024, con un 3.7%, para disminuir al 2.8% en 2025. Por eso los autores del estudio anticipan que continuará la orientación restrictiva de la política monetaria.
Pero su principal mensaje fue que la economía británica tiene una serie de importantes retos en el terreno fiscal dado el agujero de las cuentas públicas, con un déficit que después de alcanzar el 5.4% del PIB el pasado año seguirá siendo del el 4.7% en 2024 y del 3.7% en 2025, y con una deuda que continúa aumentando.
Esa deuda era del 101.3% del PIB al finalizar 2023 y, aunque calcula que va a disminuir muy ligeramente en términos relativos al 101.2% este año, volverá a repuntar en 2025 hasta el 102.6%.
La OCDE insiste en que tiene que haber reformas fiscales para reducir las exenciones de impuestos y reforzar el respeto de las reglas impositivas con el objetivo de que haya un mayor margen, de que el sistema sea más justo y de “reducir ciertas distorsiones”.
Advierte que a largo plazo la tendencia es a un incremento de las presiones fiscales por las necesidades derivadas del envejecimiento de la población y de las inversiones en la transición verde.
