El fenómeno del lavado de activos ha cobrado una relevancia creciente tanto para las autoridades y para el sector privado, especialmente ante los riesgos que implican las nuevas tecnologías. En 2023, en República Dominicana se reportaron más de 6,000 operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.
Sin embargo, este tipo de ilícitos no se limita al ámbito financiero. Sus “tentáculos” se extienden a otros sectores, como el sector automotriz. A pesar de que esta actividad genera cientos de empleos y aporta a la economía local, es considerada vulnerable al lavado de activos. ¿La razón? Muchos de estos negocios, principalmente de vehículos usados, realizan ventas en efectivo, lo que facilita la entrada de fondos ilícitos sin un seguimiento claro. La falta de verificación exhaustiva y la escasa regulación moderna agravan la situación.
La abogada especializada en cumplimiento normativo, Laritza Ferreiras Fernández, señala que las transacciones en efectivo, especialmente en la venta de vehículos, pueden facilitar el lavado de dinero. Afirma que el uso del efectivo actúa como una herramienta eficaz para introducir fondos ilícitos en el sistema financiero. Además, el bien adquirido otorga a los lavadores una falsa sensación de legitimidad sobre sus fondos.
“Si bien es cierto, los concesionarios o dealers suelen tener procedimientos para verificar la identidad de sus clientes o compradores, la calidad y rigurosidad de estos procedimientos pueden variar en las diferentes entidades comerciales debido a que no todos poseen un programa de cumplimiento definido adaptado a su organización”, explica la abogada del sector automotriz.
El crecimiento del sector automotriz, impulsado por marcas reconocidas a nivel mundial, también ha atraído a actores del crimen organizado. Ferreiras citó que en 2021 el país importó 123,278 vehículos, de los cuales 26,579 eran nuevos. Para poner esto en perspectiva, explica, hace una década se trajeron 51,090 vehículos; 28,076 nuevos y 23,014 usados. Esta relación casi equilibrada evidencia un mercado en expansión sin controles adecuados. Lamenta que “en República Dominicana existen escasas normativas que regulen al sector automotriz”, lo que permite importaciones sin filtros efectivos.
En cuanto a los sujetos obligados (SO) del sector no financiero (SNF), los dealers y concesionarios de vehículos son uno de los grupos que más ROS han generado. Junto con empresas constructoras e inmobiliarias y casinos, representan el 36.78% del total de casos reportados en este sector. Según el informe más reciente de la UAF, a finales del año pasado había 3,949 sujetos obligados inscritos en el sistema. De ellos, 1,178 (29.8%) pertenecen al sector financiero y 2,771 (70.1%) al SNF.
Ventanas
A pesar de que se han implementado normativas para combatir el lavado de dinero en el país, su aplicación efectiva sigue siendo un desafío. Ferreiras destaca que “las regulaciones inadecuadas o poco claras pueden llevar a una falta de estandarización en las prácticas de cumplimiento”. La Ley de prevención presenta “zonas grises” que necesitan ser aclaradas para facilitar un enfoque basado en riesgos.
La experta también menciona que muchos actores no están completamente informados sobre las regulaciones o carecen de los recursos necesarios para implementarlas adecuadamente. No obstante, subraya que esto no los exime de su responsabilidad legal. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la UAF ofrecen capacitaciones sobre prevención y manejo adecuado del cumplimiento normativo.
En 2023, entre los principales motivos reportados en las ROS destacan posibles estructuras fraudulentas (37.17%), estafas (18.41%), delitos tributarios (16.22%) y falta de documentación (8.87%).
La categoría “Otros” incluye actividades consideradas de alto riesgo como la venta de armas y criptoactivos.
Frecuentemente, indica el informe, estas actividades no presentan documentación adecuada sobre el origen de fondos relacionados con operaciones en efectivo significativas o manejan altos montos fuera del perfil declarado. Esto genera preocupación entre las autoridades debido a la posibilidad de falsificación de documentos públicos y otras irregularidades que alimentan el ciclo del lavado de activos.
Sanciones
Ferreira explica que la Ley 155-17 en República Dominicana establece obligaciones para todos los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, y su incumplimiento conlleva diversas consecuencias clasificadas según la gravedad de la infracción. Las sanciones económicas son las más comunes, indica, con multas que pueden oscilar entre 100 y 600 salarios mínimos para personas físicas, y de RD$1,000,000.00 a RD$10,000,000.00 para sujetos obligados.
Además, las infracciones graves pueden derivar en sanciones penales, que incluyen penas de prisión de 2 a 20 años y la posibilidad de inhabilitación temporal o permanente. Asimismo, las consecuencias del incumplimiento van más allá de lo económico, afectando la reputación de las entidades y su capacidad operativa.
Destaca que pueden enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios, revocación de licencias o permisos, y estar sujetas a auditorías más frecuentes. En casos extremos, enfatiza, las autoridades pueden intervenir directamente en la operación de la entidad y exigir acciones correctivas que resulten costosas y complejas.
