En un contexto donde la lucha contra el lavado de activos es crucial, República Dominicana se destaca con una de las legislaciones más avanzadas de la región. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos (SB) han liderado esfuerzos significativos, junto con los actores del sector financiero. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como una baja bancarización que deja a más del 45% de la población fuera del sistema y una alta informalidad que maneja grandes volúmenes de efectivo, dificultando así el rastreo del dinero ilícito.