En un contexto donde la lucha contra el lavado de activos es crucial, República Dominicana se destaca con una de las legislaciones más avanzadas de la región. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos (SB) han liderado esfuerzos significativos, junto con los actores del sector financiero. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como una baja bancarización que deja a más del 45% de la población fuera del sistema y una alta informalidad que maneja grandes volúmenes de efectivo, dificultando así el rastreo del dinero ilícito.
Así lo indicó Rosanna Ruiz, presidente ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), durante su intervención en el Tercer Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), organizado por la ABA y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en el hotel Marriott de Santo Domingo.
La ejecutiva subrayó que “casi un 58% del segmento informal opera con una economía basada en efectivo, lo que impide la trazabilidad y la transparencia necesarias para prevenir y detectar actividades ilícitas”. Agregó que la ABA está promoviendo una mayor inclusión financiera y abogando por la transformación hacia pagos digitales.
“La digitalización no sólo nos permitirá recolectar información de manera transparente, sino también realizar cruces de datos que sean eficientes en nuestra lucha contra este flagelo que afecta a la economía y a la sociedad”, enfatizó Ruiz a la prensa.
De igual forma, resaltó que el avance digital está redefiniendo las capacidades para enfrentar estos desafíos. “La digitalización, junto con tecnologías emergentes, ha abierto nuevas posibilidades para hacer más efectivos nuestros programas de cumplimiento y detectar amenazas con mayor precisión”, añadió la también economista, reconociendo al mismo tiempo las complejidades adicionales que surgen y que requieren respuestas rápidas y coordinadas.
Por su parte, Lidia Ureña, presidenta del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), destacó el impacto negativo del lavado de activos en el desarrollo económico.
“Según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Unodc), cada año el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del producto interno bruto mundial”, afirmó Ureña.
En este sentido, consideró que, si los fondos vinculados al lavado pudieran ser redirigidos hacia iniciativas en salud, educación y desarrollo social, la realidad en los países afectados podría ser significativamente diferente.
Colaboración público-privada
El fenómeno del lavado de activos involucra múltiples roles y funciones. “Solo trabajando juntos, compartiendo experiencias y estrategias, podremos fortalecer nuestros sistemas y garantizar que nuestras acciones tengan un impacto real tanto a nivel local como global”, puntualizó Ruiz. Este congreso, afirmó, representa una oportunidad para renovar el compromiso con la colaboración y construir un marco robusto que esté a la vanguardia de los cambios.
Ruiz destacó también que el sistema financiero dominicano cuenta con más de tres décadas de experiencia en prevención, detección y mitigación del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Elogió al país por contar con oficiales capacitados en cumplimiento normativo y por realizar significativas inversiones en tecnología y talento humano, posicionándose así entre los referentes más destacados a nivel regional y mundial.
