El pasado martes, durante un conservatorio con empleados de la industria cinematográfica, me conmovió profundamente la historia de María, una mujer de Boca Chica que, a pesar de sus circunstancias, encontró en el cine una oportunidad para cambiar su vida.
María, que trabajaba como prostituta en Juan Dolio, enfrentaba desafíos que muchos de nosotros no podemos imaginar. Sin embargo, gracias a las oportunidades que brindó la Ley 108-10, María logró formarse como maquillista y, por primera vez en mucho tiempo, encontró la estabilidad que tanto anhelaba.
Hoy, María gana aproximadamente RD$90,000 al mes, una cifra que le ha permitido recuperar su dignidad y construir un futuro para ella misma. Al escucharla, me sentí profundamente agradecido por haber sido testigo de cómo una ley puede transformar no solo una industria, sino también la vida de personas como María. No es solo cuestión de cifras o estadísticas, sino de historias humanas; cada empleo generado, cada oportunidad brindada, tiene el poder de cambiar vidas.
Este encuentro me recordó que, como nación, debemos defender aquellos avances que han permitido a miles de dominicanos no solo soñar, sino también alcanzar una vida mejor. No podemos permitir que la Ley de Modernización Fiscal ponga en riesgo estos logros, porque detrás de cada número hay una historia, una María, alguien que encontró en el cine su segunda oportunidad.
La Ley 108-10 ha sido un motor de crecimiento económico, permitiendo el desarrollo de una industria cinematográfica robusta. Sin embargo, la nueva reforma fiscal plantea la eliminación de dos artículos cruciales que han sostenido este desarrollo. La eliminación del artículo 34, que otorga una deducción del 25% en el impuesto sobre la renta (ISR) para las inversiones en producciones cinematográficas, amenaza con reducir drásticamente la inversión en cine. En 2022, se aprobaron 121 incentivos fiscales que generaron un movimiento económico de RD$15,000 millones. Esta eliminación afectaría tanto el empleo como el crecimiento del sector.
Además, la posible eliminación del artículo 39, que exime del 100% del ITBIS para bienes y servicios utilizados en producciones cinematográficas, podría encarecer las producciones, reduciendo el atractivo de la República Dominicana como destino fílmico. Esto impactaría directamente en sectores clave como el transporte, la hotelería y la logística.
En mis conversaciones con productores y empleados del sector, ha quedado claro que, aunque la Ley 108-10 ha sido beneficiosa, algunos han abusado de los incentivos fiscales. Esto ha sido posible debido a una falta de supervisión gubernamental adecuada. Para garantizar que esta ley siga generando oportunidades, es fundamental implementar un régimen de consecuencias que castigue los abusos y promueva la transparencia mediante auditorías anuales y la publicación de informes. Aunque algunos actores han abusado de los incentivos, proponer la eliminación total de estos beneficios sería una medida excesiva que afectaría a miles de trabajadores y empresas que han utilizado estos incentivos de manera correcta y productiva.
La falta de coordinación entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y otras instituciones responsables de promover y fiscalizar la industria cinematográfica es uno de los mayores problemas. Estas entidades no han logrado desarrollar un plan que utilice el cine como herramienta cultural y diplomática, proyectando una imagen coherente del país en el exterior. Al mismo tiempo, se carece de controles efectivos para asegurar el uso adecuado de los incentivos fiscales, lo que permite el mal uso de los recursos públicos.
Mi experiencia en España y Argentina, países con una rica tradición cinematográfica, me ha permitido ver cómo las políticas públicas bien implementadas pueden transformar no solo una industria, sino también una sociedad. En ambos países, los incentivos fiscales han sido cruciales para atraer producciones internacionales y fomentar el crecimiento del talento local. España, con su política de “cash rebates” y deducciones fiscales, se ha consolidado como un destino atractivo para grandes producciones, generando miles de empleos directos e indirectos. En Argentina, he observado cómo los incentivos cinematográficos no solo fomentan la creatividad, sino que también permiten que las regiones más alejadas se beneficien económicamente de las producciones.
Un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando el Estado no cumple con su deber de supervisión y protección de los derechos laborales es el caso de Falconbridge en Bonao. Durante mi visita, hablé con trabajadores y pensionados que llevan meses sin recibir sus pagos. Esta situación es un reflejo de lo que podría ocurrir en la industria cinematográfica si no se toman las medidas necesarias para garantizar el control adecuado de los incentivos fiscales.
Eliminar los incentivos fiscales no solo afectaría directamente a la industria cinematográfica, sino que también tendría un impacto negativo en la economía dominicana. La industria del cine tiene un efecto multiplicador que beneficia a sectores como el turismo, la hostelería y el comercio. Según el Banco Central de la República Dominicana, cada peso invertido en la industria cinematográfica genera un retorno de RD$1.8. Este impacto va más allá de los empleos directos, beneficiando a miles de personas a través de empleos indirectos.
Uno de los mayores aportes de la industria cinematográfica es precisamente la creación de empleos indirectos. Por cada empleo directo en el cine se generan 10 empleos indirectos en sectores como el transporte, la hostelería, la logística y la alimentación. En 2022, los proyectos cinematográficos generaron más de 25,000 empleos indirectos, contribuyendo significativamente al desarrollo de diversas regiones del país.
El modelo de zonas francas podría ser clave para fortalecer la industria cinematográfica. Tal como ha ocurrido con otros sectores, aplicar un esquema similar al cine consolidaría a República Dominicana como un centro de producción regional, ofreciendo incentivos fiscales y ventajas logísticas para atraer productoras nacionales e internacionales. Los incentivos fiscales no distorsionan el mercado; al contrario, permiten que República Dominicana compita en igualdad de condiciones con otros países que también ofrecen beneficios fiscales. Además, estos incentivos han permitido el desarrollo de infraestructura técnica y profesional que beneficia a toda la economía cultural y creativa del país.
Es fundamental descentralizar la industria cinematográfica hacia regiones fuera de Santo Domingo para diversificar el impacto económico. Incentivar producciones en provincias como Puerto Plata, Barahona y Montecristi podría dinamizar las economías locales, creando polos de desarrollo y generando empleos indirectos. Estas áreas tienen un enorme potencial gracias a sus paisajes y características únicas, lo que podría atraer a más producciones internacionales.
En lugar de eliminar los incentivos fiscales, la Ley 108-10 debe fortalecerse con medidas que aseguren un uso adecuado de los recursos y aumenten el impacto positivo de la industria. Proponemos mantener y ampliar la deducción fiscal del ISR del 25% al 30%, lo que atraerá más inversiones internacionales y consolidará a República Dominicana como un destino competitivo para el cine. También es necesario crear un fondo cinematográfico público-privado, inspirado en modelos internacionales, que financie proyectos alineados con los intereses estratégicos del país. Finalmente, debemos fortalecer la supervisión y auditoría mediante un sistema de auditoría anual para todas las producciones que reciban incentivos fiscales, asegurando transparencia y evitando abusos en el uso de los recursos.
Es el momento de actuar. Vamos por lo que nos une.
