Estados Unidos repatrió en el año fiscal 2024 a más de 700,000 migrantes, la cifra más alta registrada desde 2010, con lo que la Administración del presidente Joe Biden se apunta un récord en la expulsión de extranjeros, mayor a la registrada por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) entregó este martes los datos de sus operaciones del año fiscal 2024, que incluyen los cuatro meses de la ejecución de las restricciones al asilo impuestas por Biden el pasado 4 de junio y que logró un descenso del 55% de las detenciones en la frontera de EE.UU. con México.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, dijo en un comunicado que se han logrado “los niveles más bajos en más de cuatro años” en las detenciones de inmigrantes que cruzan de forma irregular la frontera suroeste estadounidense.
“Los encuentros entre los puertos de entrada son menores que durante los últimos meses de la Administración anterior”, resaltó el portavoz en referencia al Gobierno de Trump.
Entre otros logros, la CBP resaltó que la cifra de inmigrantes que fueron liberados para presentar sus casos en corte se redujo en un 80%.
Además, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) ha triplicado el porcentaje de extranjeros procesados bajo la “deportación acelerada”, un proceso en el que los extranjeros son expulsados sin derecho a tener una audiencia ante un juez.
Desde el pasado 5 de junio hasta fines de septiembre, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 160,000 personas detenidas en la frontera suroeste de EE.UU. a más de 145 países.
También ha reducido el tiempo que lleva expulsar a los migrantes que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos en más de la mitad de su promedio histórico.
A esto se suma que el número estimado de personas que cruzaron la frontera sin encontrarse con un agente del CBP ha disminuido aproximadamente un 60% del año fiscal 2023 al de 2024.
El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, destacó en un comunicado que, como parte de los esfuerzos de la agencia, se “siguió identificando y respondiendo a las nuevas amenazas planteadas por las organizaciones criminales transnacionales que se benefician de la explotación de personas vulnerables, y tomó medidas sin precedentes para desmantelar e interrumpir estas operaciones”
