El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea dio este jueves su visto bueno a los ingresos y gastos efectuados por las 43 agencias comunitarias en 2023, aunque amonestó a cuatro de ellas por haber efectuado pagos irregulares y advirtió de que los errores se concentran en la contratación pública.
Las tres agencias de la UE con sede en España que fueron auditadas recibieron un aprobado sin reservas: la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), con sede en Alicante. La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA), en Bilbao. Y la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), en Vigo.
Las agencias de la UE, repartidas en 23 Estados miembros, se encargan de tareas técnicas, científicas o reguladoras, emplean a 16,000 personas, casi una quinta parte de todo el personal comunitario. Y el año pasado gestionaron un presupuesto de €4,700 millones.
Tras auditar las cuentas de ese ejercicio, el Tribunal dio su visto bueno para las 43 agencias aunque emitió una opinión con reservas por el lado del gasto para el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, la Autoridad Laboral Europea (ALE), la Agencia para la Ciberseguridad (ENISA). Y la Agencia para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).
En el caso del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología esto se debió a unos pagos en subvenciones irregulares que ascendieron a €12.2 millones. Mientras que en las otras tres la amonestación estuvo motivada por irregularidades en la contratación pública o la ejecución de contratos.
Esto llevó a un gasto irregular de €1.6 millones por parte de ALE, de €1.8 millones en ENISA y de €12.6 millones en eu-LISA.
Errores en contratación pública y pagos atrasados
Pese a que en general la gestión financiera de las agencias es buena, el Tribunal siguió detectando errores en la contratación pública, según el miembro responsable del informe, François-Roger Cazala, quien llamó a “mejorar los procedimientos para adjudicar y ejecutar contratos garantizando el pleno cumplimiento de las normas”.
Asimismo, detectaron insuficiencias en los sistemas de gestión y control, como falta de controles adecuados antes de autorizar las operaciones, deficiencias en la delegación de facultades o en la separación de funciones.
Consideran además que algunas agencias deberían mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, ya que han detectado un “elevado volumen” de retrasos en algunas de ellas que, si bien no ha llevado a pagar un importe “significativo” de intereses de demora, podría ser perjudicial para su reputación.
Agencias en España
En esta línea van las observaciones que el Tribunal ha hecho a las agencias con sede en España, que no cuestionan, sin embargo, el aprobado a sus cuentas.
En el caso de la EUIPO, la segunda agencia más importante de la UE en número de trabajadores (1.200), los auditores califican de irregulares pagos de €2.700 vinculados a un contrato de servicios de viajes que ya en 2022 habían considerado irregular por adjudicarse sin anuncio. Y detectaron que en un contrato de servicios informáticos licitado este año no se cumplieron los criterios de selección, aunque no afectó al resultado.
En la Agencia de Seguridad en el Trabajo, los auditores observaron que se habían firmado tres contratos sucesivos sin anuncio de licitación con un único proveedor cuya admisibilidad era “dudosa”, por lo que los pagos asociados, que en 2023 ascendieron a €67,100, fueron irregulares.
Asimismo consideraron que, al adjudicar dos contratos para servicios casi idénticos cuyo valor rozaba el máximo permitido para la adjudicación directa (€15,000), la agencia había infringido las normas que prohíben fraccionar contratos. De modo que los pagos de €29,700 fueron irregulares.
La EU-OSHA se situó además entre las agencias con más pagos atrasados, concretamente el 13 %. Y prorrogó el 29 % de sus créditos del ejercicio para 2024, lo que a juicio del Tribunal pone de manifiesto “problemas estructurales en el proceso presupuestario y en el ciclo de ejecución”.
Los auditores llegaron a la misma conclusión en la Agencia para el Control de la Pesca, que prorrogó un 25 % de sus créditos. Además detectaron pagos irregulares de €257.300 ligados a un contrato marco para servicios de organización de eventos.
