Entre 1982 y 2015, la frontera agrícola creció un 69%, pasando de 1.1 millones de hectáreas a 1.9 millones, de acuerdo con el informe “Panorama de Oportunidades República Dominicana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este documento subraya que, aunque el sector sigue siendo clave para la economía, el avance agrícola ha tenido un alto costo ambiental, ya que un 7% de la superficie forestal se perdió entre 2002 y 2020, incrementando la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Otro de los retos señalados es la atomización del sector. Las unidades productivas aumentaron un 388%, pero esta fragmentación ha limitado el acceso de los agricultores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a cadenas de valor globales, insumos de calidad, tecnología y financiamiento.
Refiere que a pesar de su contribución estable al producto interno bruto (PIB) y las exportaciones, el sector enfrenta dificultades para cumplir con las exigencias sanitarias de los mercados internacionales. Productos como frutas y verduras dominicanas son inspeccionados rigurosamente al ingresar a Estados Unidos y la Unión Europea. En muchos casos, el rechazo de estos productos se debe a contaminación con plaguicidas, salmonela y otros agentes nocivos, lo que revela debilidades en los sistemas de control de calidad y una falta de coordinación entre empresas.
La normativa sanitaria vigente, que data de 1965, ha quedado obsoleta para responder a estos desafíos. Las limitaciones legales impiden implementar mejoras en los controles y en los procesos productivos que exige el mercado global. Según el BID, reformar el marco legal sería esencial para facilitar la expansión del sector agrícola en mercados exteriores y garantizar una producción de mayor calidad.
Un análisis del gasto público en agricultura muestra que el país destina solo el 10% de su presupuesto sectorial a investigación, asistencia técnica y sanidad, mientras que el 20% se concentra en apoyo directo a productores. Esta distribución ha sido insuficiente para incentivar la innovación y competitividad en el sector, limitando el crecimiento de la productividad agrícola, que ha aumentado a un ritmo de apenas 0.6% entre 1961 y 2014, en comparación con el 1.0% promedio de América Latina y el Caribe.
El informe sugiere que, para enfrentar el impacto del cambio climático y mejorar la resiliencia de los cultivos, el país debe desarrollar programas de transferencia tecnológica enfocados en las Mipymes. También recomienda fortalecer instituciones clave como el Fondo Nacional de Innovación y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo científico del sector.
El BID propone la implementación de mecanismos de financiamiento para proyectos de tecnologías inteligentes frente al clima y la incentivación del uso de seguros agropecuarios. Estas, junto con la diversificación de la oferta agrícola en productos con alto potencial de exportación, podrían representar una oportunidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agrícola dominicano, generando cadenas de valor ecológicos e inclusivas en beneficio de productores y consumidores.
