La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) valoró la iniciativa del Conep orientada a eliminar las prácticas monopólicas que afectan el transporte de carga, que en su opinión encarecen sensiblemente el proceso de producción y el costo final de los bienes de exportación y los que consume la población.
Tras señalar que el costo del transporte de carga en la República Dominicana es casi tres veces mayor que el promedio de Centroamérica, Adozona manifestó su respaldo a una acción de amparo incoada por decenas de organizaciones empresariales para abolir las prácticas monopólicas que afectan esta actividad en el país.
Considera Adozona que ya no se debe postergar una solución definitiva al serio problema de competitividad que representa el alto costo del transporte terrestre de carga, que en República Dominicana es 2.7 veces más alto que el promedio en Centroamérica, de acuerdo a un informe divulgado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informe del BID destaca el impacto negativo que tiene para el proceso productivo dominicano el manejo monopólico y las elevadas tarifas del transporte en relación con el resto de los países de la Región.
Entre los datos resaltados en el estudio, se indica que en el caso de la República Dominicana movilizar un furgón de 40 pies cuesta 4.75 dólares por kilómetro, en comparación con la tarifa promedio de US$1.75 por kilómetro que se paga en la región, aunque en los casos de México y Panamá, el costo es de US$1.42 y US$1.85, respectivamente.
Para Adozona, el monopolio del transporte y las altas tarifas del transporte no es un problema solo de los sectores productivos, sino también de los consumidores y de la población general, ya que al no existir competencia, los transportistas imponen las tarifas de su conveniencia, sin tomar en cuenta los costos reales y la racionalidad del mercado.
La entidad cita el artículo 50 de la Constitución de la República que establece textualmente que: “No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional”.
