[dropcap]M[/dropcap]ás de 80 organizaciones lideradas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) enfrentan en los tribunales a al menos 15 de los gremios que controlan el transporte de carga y pasajeros en República Dominicana.
Los empresarios sometieron una acción judicial de amparo de amplio alcance que busca romper prácticas monopólicas y que, incluso, el Ministerio de Trabajo obligue a los denominados “sindicatos” a organizarse y operar bajo las normas de las “sociedades comerciales”.
Las organizaciones solicitan al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordene que “en el plazo de cinco días todos los sindicatos del transporte terrestre de carga y de pasajeros que fungen como empresas se organicen como sociedades comerciales, al amparo de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 31-11, en virtud de que éstos sólo realizan actividades de índole comercial”.
Además, piden que se establezca un astreinte de un millón de pesos en perjuicio de esos sindicatos por cada día que incumplan con ese mandato.
¿De quién es la responsabilidad en el conflicto por prácticas monopólicas en el transporte?
- Transportistas (61%)
- Gobierno (20%)
- De los tres (11%)
- Empresarios (8%)
- Ninguno (0%)
Loading ...La demanda busca que el tribunal ordene al Ministerio de Trabajo investigar los registros sindicales de las organizaciones del transporte terrestre de carga y pasajeros a nivel nacional, en especial el número 00167-1962, del 24 de julio de 1962, expedido a nombre del Sindicato de Camioneros y Furgones de Puerto Plata.
En ese contexto, los empresarios solicitan a las autoridades cancelar el registro sindical de toda organización que “se compruebe que esté ofreciendo y cobrando servicios comerciales de transporte, allende su capacidad legal y su naturaleza jurídica, y que posea una estructura mixta de empleados y empleadores en franca violación al artículo 317 del Código de Trabajo”.
Movilizaciones
La litis lleva al TSA a reputados juristas constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats y Ángel Lockward, quienes se ponen la toga para enfrentarse en representación del Conep, el primero, y de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), el segundo.
Las partes se mantienen emitiendo comunicados públicos y ya los transportistas empezaron las movilizaciones, como sucedió el pasado martes mientras el Tribunal conocía la causa que reenvió la continuación del proceso para el próximo 15 de noviembre.
Los empresarios conocen de los métodos violentos de los transportistas y citan en su instancia enfrentamientos como el que sostuvieron por el control de las cargas del Multimodal Caucedo el Sindicato de Camioneros y Transporte de Furgones y Afines de Boca Chica (Sitrafuabochi) y la Federación Nacional del Transporte Dominicano (Fenatrado).
La disputa entre la Fenatrado, presidida entonces por su propietario Blas Peralta –ahora bajo prisión por el asesinato de Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y candidato a senador por San Cristóbal– y Sitrafuabochi desencadenó en el asesinato del camionero José Miguel Féliz (Morao), de 52 años de edad.
Los empresarios afirman que “muchos de los conflictos tienen como factor principal la incesante lucha de Fenatrado por mantener el poder y el control del transporte de carga a nivel nacional”.
Con ese marco de referencia, procuran que el tribunal ordene a los cuerpos armados, a través de los ministerios de Defensa e Interior y Policía, que garanticen la protección “necesaria a las personas físicas y morales que deseen transportar, retirar y/o depositar mercancías en las aduanas y puertos del país utilizando sus propios vehículos o de particulares, ajenos a la Fenatrado y sus afiliados”.
Desde hace décadas la Fenatrado exhibe un poder desmedido en el control de los accesos a los puertos. De hecho, el 19 de agosto pasado, en un acto en el que estuvieron representantes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y de la Comisión Militar Policial de Obras Públicas, el “sindicato” anunció una unidad propia de vigilancia para las rutas de sus afiliados. Exhibió al menos seis camionetas y una ambulancia.
“Estamos aquí para hacer un gran anuncio al país, para decirles a los dominicanos que estamos poniendo en marcha nuestro propio sistema de fiscalización para dar plenas garantías de que nuestros miembros respetarán las normas de tránsito, que no pondrán en peligro las vidas de los ciudadanos, ni las de ellos mismos”, anunció Ricardo de los Santos, vicepresidente del gremio y diputado del Partido de la Esperanza Nacional (PEN), de Blas Peralta, quien al igual que otros “sindicalistas” creó su propia organización política.
La petición de amparo de los empresarios tiene dos vertientes básicas. La primera busca que los organismos estatales correspondientes cumplan con la Ley 578-64 que prohíbe el establecimiento de monopolios en provecho de particulares, la Ley 290-66 Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio, el Decreto 104-91 que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a otorgar las facilidades necesarias para el transporte de efectos de un lugar a otro, la Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, el Decreto 489-87 que crea la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y la Ley 84 que modifica a la 541 Orgánica del Ministerio de Turismo.
Esta parte pretende enfrentar en forma fundamental a Fenatrado y sus más de 120 sindicatos. Los demandantes aseguran que el esquema que maneja ese gremio encarece el precio de la movilización de las cargas de los puertos y, en ese sentido, cita datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la firma Deloitte.
La instancia explica que los estatutos de Fenatrado disponen que la distribución de la carga se divide en: a) un porcentaje para los sindicatos del lugar donde se origina la misma y b) otro porcentaje para los sindicatos establecidos en el lugar donde llegue la carga.
“De manera que, para los sindicatos, el principal atractivo de pertenecer a Fenatrado consiste en que esa organización asegura que sus afiliados tengan participación constante en la movilización de la carga generada en todo el territorio nacional”, indica la instancia firmada por Jorge Prats, Luis Antonio Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes, Rachel Hernández Jerez y Nelson Arriaga Checo.
Conatra: Conep carece de calidad legal en su recurso de amparo
La segunda parte de la instancia pide amparar de forma ordinaria al Conep y a las organizaciones empresariales “por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito”. En cuanto a este punto, Ángel Lockward, abogado de la Conatra, asegura que todo lo que publican los empresarios y sus abogados respecto al transporte de pasajeros “es mentira”.
“No es verdad que en el transporte de pasajeros exista monopolio; porque de hecho, las empresas más grandes del transporte, que son Metro y Caribe Tours, son miembros del Conep y segundo no es cierto que el Conep, como persona jurídica tenga calidad para reclamar derechos fundamentales que no tienen, que solo tienen las personas físicas”, dice.
Sostiene que el derecho de libertad de tránsito sólo atañe a las personas, “porque es de carácter político”. “En consecuencia, cuando el Conep dice que le violan la libertad de tránsito falta a la verdad y no tiene calidad para pedir eso al tribunal; porque tú solo puedes pedir la protección de un derecho fundamental cuando tú lo tienes, tú no puedes pedir la protección de un derecho fundamental cuando tú no lo tienes, excepto en materia de medio ambiente se tratan de derechos colectivos o difusos que no es el caso”.
Asegura que cuando una empresa reclama el derecho al libre comercio lo hace en el marco de aquello que la ley le autoriza a comercializar. “Para tener una idea del horror de esa instancia, esa instancia pide que se disuelvan los sindicatos; obviamente tú no puedes pedirle a un tribunal que estatuya sobre algo que no es su competencia, el TSA no es competente para disolver sindicatos”.
Fenatrado niega imputaciones
El diputado Ricardo de los Santos, vicepresidente de Fenatrado, niega que ese gremio mantenga un monopolio en el transporte de carga de los puertos de República Dominicana, como alega el Conep y las demás entidades empresariales. “¿Cómo se puede hablar de monopolio en un sindicado con más de 90 mil afiliados; con casi 30 mil camiones patanas de distintos propietarios?”.
El legislador asegura que Fenatrado cuenta con sindicatos, asociaciones y cooperativas, así como con algunas “pequeñas empresas”. En su caso particular dice que tiene tres camiones en la empresa Transporte D y M y que Blas Peralta cuenta con “cinco o seis en Transpesa”. Asegura que los choferes deben pagar RD$3,000 para afiliarse y luego cuotas de 100 a 200 pesos al mes.
