La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) fijó su postura de combatir el comercio ilícito, calificándolo como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las empresas formales, la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores en el país.
Según la AIRD, esta práctica genera graves distorsiones en el mercado, debilita la competitividad industrial y fomenta actividades delictivas internacionales, impactando negativamente a los sectores formales de la economía.
En su más reciente publicación de la Revista hechoenRD, la AIRD destacó la importancia de unificar esfuerzos entre los sectores público y privado para enfrentar este desafío. “No existen soluciones individuales; el actuar fragmentado fortalece a quiénes se benefician del comercio ilícito”, señaló Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo y editor de la publicación. Enfatizó la necesidad de sanciones severas, voluntad de cooperación y conciencia social como pilares de esta lucha.
La conformación del Consejo Público Privado de Prevención del Comercio Ilícito, creado bajo la Ley No. 17-19, es reconocida por la AIRD como un avance significativo en este esfuerzo conjunto. Este organismo tiene como objetivo proponer medidas de prevención para erradicar el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados mediante la colaboración entre gremios del sector privado y los organismos reguladores correspondientes.
“Desde la AIRD respaldamos el comercio responsable y la competencia leal, así como las alianzas público-privadas que asumen la responsabilidad compartida de eliminar este cáncer social”, afirmó la entidad. La AIRD reiteró su compromiso con esta causa y su determinación de continuar trabajando para garantizar un mercado transparente, competitivo y justo para todos los actores involucrados.
En una nota informativa destacó que diversos gremios y representantes del sector privado se pronuncian en esta edición de hechoenRD sobre el impacto del comercio ilícito en sus áreas de trabajo, manifestándose así como “muchas voces para esta lucha”.
Juan José Alorda, presidente de ARAPF, destacó los riesgos que los medicamentos ilícitos representan para la salud pública. Mientras que Ludwig García, de Infadomi , enfatizó la importancia de adquirir medicamentos solo en establecimientos autorizados. Por su parte, Ana María Martínez, de Adoface, subrayó la necesidad de garantizar seguridad y transparencia como pilares de la lucha contra este flagelo.
Giuseppe Bonarelli, presidente de Rivlas, y la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) advirtieron que los aumentos en impuestos a las bebidas alcohólicas fomentan el comercio ilegal. Además, Andrés Espinal de Asocigar y Litto Gómez de Procigar señalaron cómo este problema afecta la competitividad económica y productos emblemáticos como el cigarro dominicano. Desde Adeic, Rosanna Grullón instó a enfrentar el comercio ilícito como un desafío nacional.
Expertos técnicos también aportaron su perspectiva, Jaime R. Ángeles, analizó el impacto en la industria farmacéutica, mientras que Ralvin Gross y Erick Pérez del Toro destacaron los riesgos económicos y sanitarios asociados al comercio ilegal de bebidas alcohólicas y productos en general. Jorge Esteva enfatizó los desafíos críticos que el comercio ilícito de combustibles representa para el sector energético dominicano.
En el ámbito gubernamental, figuras clave compartieron sus iniciativas, como Miriam Germán Brito, procuradora general de la República (PGR), se refirió a que el comercio ilícito es una tarea urgente y prioritaria. Por su parte, Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), subrayó los avances liderados por esa institución en esta lucha. Eduardo Sanz Lovatón, de Aduanas, destacó que cada golpe al comercio ilícito refuerza la seguridad nacional.
En ese mismo sentido, Luis Valdez, de la DGII, señaló la importancia del control fiscal. Mientras que Eddy Alcántara, de Pro Consumidor, alertó sobre los riesgos para los derechos del consumidor. Leandro Villanueva, de Digemaps, habló sobre la vigilancia sanitaria contra fármacos falsificados.
Desde ProCompetencia, María Elena Vásquez, recalcó la necesidad de proteger la economía local, en tanto, Néstor Julio Matos de Indocal, destacó el rol de la normativa de calidad. Finalmente, el general César A. Miranda Mañón, del Ceccom , afirmó que proteger la salud social y las inversiones lícitas no es negociable.
En el plano jurídico, Boris de León analizó el marco normativo relacionado al comercio ilícito, mientras que Isis De la Cruz Duarte, procuradora adjunta de la PGR, destacó la importancia de la cooperación público-privada para combatir este problema. Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del MICM, presentó como caso de éxito la salida de RD del Informe 301 sobre Propiedad Intelectual gracias a una acción coordinada.
