El presidente Luis Abinader decidió sustituir la distribución de las llamadas cajas de Navidad de los planes sociales del Gobierno, por un bono navideño, también llamado “brisita”, por un monto de RD$1,500, a través de una tarjeta electrónica.
Además, como forma de ser más “simpático” con la sociedad, se ha dispuesto cada año una ampliación del número de beneficiarios. Esta vez, tres millones de personas recibirían ese aporte que, en términos individuales, parece insignificante, pero con la suma de todos los beneficiarios, llega a RD$4,500 millones del presupuesto nacional.
Hay varios aspectos a considerar sobre este bono navideño. Uno de ellos es que, si bien está dirigido a la clase más vulnerable, debería dirigirse solo hacia los 1,650,000 beneficiarios de la tarjeta Supérate y de otras ayudas sociales. Sin embargo, el Gobierno, para abarcar a tres millones de personas, que son prácticamente el 28% de la población nacional (incluidos menores), ha decidido incluir a los pensionados del Estado, a los empleados que devengan menos de RD$29,000 mensuales, a trabajadores informales y otros segmentos poblacionales.
El problema es que, con todas esas inclusiones, el aporte social prácticamente se distorsiona. Esto así, porque los pensionados reciben en diciembre una doble pensión. Asimismo, los trabajadores con salarios menores a RD$29,000 mensuales, son formales, ya sean estatales o privados, por lo que también reciben doble sueldo de Navidad.
Asimismo, muchos trabajadores informales con negocios y otras actividades tienen ingresos que superan por mucho el salario promedio cotizable de los trabajadores formales, por lo que tampoco necesitan ese aporte de RD$1,500 en un bono navideño.
A eso se agrega el hecho de que, por incluir a tantos beneficiarios que no necesitan ese dinero, el bono genera un “ruido político” y mediático que afecta la popularidad el Gobierno, en vez de constituirse en un instrumento de simpatía.
Otro aspecto es el relacionado con el costo. Si se entrega ese bono a través de una tarjeta electrónica, indica que el Gobierno tuvo que encargar la fabricación de tres millones de plásticos, que tendrían una vigencia de apenas seis meses. Las empresas que suplen ese tipo de tarjeta cobran aproximadamente RD$400 por cada una. Ese es el costo de la emisión del plástico. Si se multiplica ese monto por tres millones, la inversión estatal sería de RD$1,200 millones, adicionales a los RD$4,500 millones que incluye el bono, para un total de RD$5,700 millones del erario que el Estado bien pudo ahorrarse.
También está el aspecto de la desviación y corrupción que puede implicar este tipo de entrega social. Un político, comerciante o cualquier ciudadano que pueda acceder a 100, 300, 1,000 y hasta más tarjetas, puede que haga alguna maniobra para quedarse con ese dinero y no distribuirlo entre los beneficiarios reales.
Eso no ocurriría si se tratara de cajas de alimentos como en el pasado. Esto así, porque, dado que se trataba de alimentos básicos y de no muy buena calidad, además de perecederos, cuando un político recibía 100, 300, 1,000 y hasta más cajas de alimentos, tenía la “obligación” de repartirlas, pues no podría almacenarlas dado el volumen que implicaban y entonces llegaban de manera efectiva a los más pobres, que son quienes consumen el tipo de productos que incluía la caja. En ese caso, la distribución era más efectiva, aunque no lo parezca.
A eso se agrega el hecho de que las cajas de alimento dinamizaban la economía de las empresas suplidoras de esos productos (aceite, arroz, habichuela, vino criollo, ron, azúcar, pollo, salami y otros bienes). Cada empresa suplidora de esos productos, con empleos formales y de contribución al fisco, tenía en la compra de esas cajas por parte del Estado, ingresos dinamizadores de la economía.
Se dirá que era “denigrante” la forma en que se distribuían esas cajas (esto porque se publicaron unos cuantos videos, tal vez aislados, con fines más políticos que humanos). Sin embargo, sucede que también se torna denigrante, confuso y poco transparente, la forma en que se distribuyen esas tarjetas que, como he dicho, en ocasiones se quedan en manos de unos pocos que tienen mecanismos para convertir ese dinero en efectivo dejando a los beneficiarios seleccionados “sin pito y sin flauta”. Es hora de que el Presidente reconsidere ese tipo de “ayuda” social.
