La Republica Dominicana presentó este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su postura sobre las obligaciones que deben tener los Estados frente al cambio climático, calificando como un desafío que atenta contra la preservación de la humanidad y otras formas de vida.
En representación del Estado dominicano, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Boni Guerrero Canto, dijo a la corte que el país “comparte la opinión de que, a través de sus emisiones directas de gases de efecto invernadero y su falta de adopción de las medidas necesarias, los países altamente emisores han violado y continúan violando sus obligaciones internacionales con respecto al cambio climático”.
Asimismo, planteó que los gases de efecto invernadero antropogénicos han causado “inequívocamente” una interferencia peligrosa en el sistema climático y los Estados vulnerables, que históricamente han contribuido menos y se ven afectados de manera desproporcionada.
En ese sentido, estimó que la corte se encuentra en un momento privilegiado para ayudar a la comunidad internacional a enfrentar los desafíos que trae consigo el cambio climático, colocando “el estado de derecho como brújula”.
Durante la presentación oral del escrito de opinión elaborado por el país, Alejandra Torres Camprubí, asesora jurídica de República Dominicana, presentó las obligaciones internacionales de los países con respecto a la posible pérdida de la condición de Estado de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) debido al aumento del nivel del mar.
En tanto, el abogado Julio José Rojas Báez, quien también es vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y relator especial de este comité sobre Implicaciones Jurídicas del Aumento del Nivel del Mar en el Contexto Regional Interamericano, abundó sobre las obligaciones de proteger el medio marino y costero de los impactos de la absorción oceánica de gases de efecto invernadero.
En sus alegatos escritos, el país también solicitó que se establezca la obligación de garantizar que las actividades realizadas en un Estado no causen daños al medio ambiente de otros; la obligación de respetar la integridad territorial de cada nación y el derecho fundamental a supervivencia; así como el deber general de promover, respetar y preservar los derechos humanos de sus poblaciones contra los impactos nocivos del cambio climático, incluyendo el derecho al desarrollo.
Esta opinión, fue redactada por un equipo de trabajo liderado por Alejandra Torres Camprubí e integrado por los abogados dominicanos Claudia S. de Windt, Anderson Dirocié y Julio José Rojas Báez. Estos a su vez fueron apoyados por el Direccion Jurídica del Mirex, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El procedimiento consultivo que desarrolla la Corte Internacional de Justicia inició con la adopción por consenso de la resolución 77/276 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la que éste órgano solicita a la corte una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y consecuencias jurídicas de éstas, cuando por sus actos u omisiones causen daños significativos al medio ambiente y a otras naciones.
El país participó por primera vez en su historia, en las audiencias que celebra el máximo tribunal de la ONU en La Haya, Países Bajos, para establecer, a través de un procedimiento consultivo, las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y consecuencias jurídicas de dichas obligaciones, especialmente en favor de los Estados más vulnerables a este fenómeno.
