El impuesto sobre la emisión de cheques y pagos por transferencias electrónicas, establecido por el Código Tributario, afecta tanto a individuos como a empresas, según el economista y consultor tributario Roberto Mella Cohn.
Este gravamen se calcula a una tasa de 0.0015 por 1,000 (0.15%), aplicándose al valor de los cheques pagados por entidades de intermediación financiera (EIF) y a las transferencias electrónicas realizadas a terceros.
Según la normativa vigente, las entidades financieras actúan como intermediarias al retener el monto correspondiente al impuesto, cuyo destino es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Es importante destacar que este cargo no se trata de una comisión bancaria, sino de un impuesto estatal.
En este contexto, el economista respalda la propuesta de la Asociación Dominicana de Empresas de Fintech (Adofintech), que aboga por la exención de este impuesto en ciertas operaciones.
Entre las transacciones que menciona se encuentran las transferencias de fondos entre cuentas propias, ya sea dentro de una misma entidad financiera o entre diferentes intermediarios, siempre que compartan al menos uno de los titulares.
Asimismo, Mella Cohn sugiere la eliminación del impuesto en los retiros de efectivo realizados tanto en cajeros automáticos como en oficinas de intermediarios financieros. También propone que se aplique esta exención en el uso de tarjetas de crédito, abarcando todas las fases del proceso, desde el consumo inicial hasta las transacciones entre empresas adquirentes, agregadores de pago, bancos y afiliados. Además, considera fundamental que los pagos relacionados con la seguridad social queden exentos del impuesto.
Por su parte, Catherine Espaillat, directora ejecutiva de Adofintech, compartió con el elDinero las observaciones de la asociación respecto al borrador de la Norma General sobre el Impuesto del 0.0015 por 1,000. Espaillat subraya la importancia de abordar aspectos clave relacionados con la equidad tributaria y la promoción de la innovación tecnológica y digitalización del sistema financiero, alineándose con los objetivos de la Agenda Digital 2030 y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.
Mella Cohn también considera “crucial” incluir otras operaciones como parte de las exenciones para incentivar el uso formal y electrónico en lugar del efectivo. Propone que se elimine el gravamen en los pagos de impuestos y cualquier obligación ante el Estado para fomentar la formalización tributaria. Asimismo, sugiere que esta exención se aplique a operaciones cambiarias y remesas realizadas por entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB), siempre que sean debidamente comprobadas.
El especialista también menciona las operaciones contempladas en el artículo 64 de la Ley 155-17, que previene el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas incluyen transacciones relacionadas con vehículos, inmuebles, joyería y pagos en el sector del juego, actividades donde esta carga impositiva desincentiva su cumplimiento.
Enfatiza que la propuesta “sería que ya la disposición sea integral y formalice lo que se queda. Ese impuesto en realidad no debería existir pero ya que se ha convertido en uno que a los Estados les han encantado, hay que lograr mantener las exenciones que provocan mayor impacto”.
“Entendemos que este impuesto debe ser eliminado por completo ya que representa un importante distorsionador en las operaciones comerciales y financieras debido al costo que genera”, afirmó Mella Cohn. Además, destacó que este gravamen contraviene estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), al incentivar el uso del efectivo y desalentar la bancarización y formalización económica.
“Estamos convencidos de que estas medidas promoverán una mayor formalización de la economía”, dijo.
