La Unión Europea aplica desde comienzos de este año la normativa que exige aumentar el número de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas para que representen al menos el 40% de los puestos a más tardar en junio de 2026.
Los Estados miembros tenían hasta el 28 de diciembre del año pasado para trasladar a sus legislaciones nacionales las disposiciones de una directiva que fue acordada en noviembre de 2022 tras diez años de negociaciones y que no se aplicará a firmas con menos de 250 empleados.
En concreto, la normativa exige que al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas sean mujeres para el 30 de junio de 2026. Si las nuevas normas se aplicasen tanto a administradores ejecutivos como a no ejecutivos, el objetivo es lograr un 33% teniendo en cuenta todos los puestos.
Las cúpulas empresariales de sociedades de la UE cuentan actualmente con un 34% de mujeres, cuya representación “ha mejorado en la mayoría de los Estados miembros, aunque el alcance del progreso varía considerablemente y en algunos está estancado”, explica en un comunicado la Comisión Europea.
Para conseguirlo, la directiva obligaba a los gobiernos a introducir medidas para asegurar que los procesos de selección de puestos con los consejos de administración de empresas cotizadas son “transparentes” y “neutrales” desde el punto de vista de género.
Por ejemplo, las compañías deben contar con una “norma de preferencia” para los candidatos del sexo menos representado “en caso de igualdad de cualificación” entre ellos, así como ofrecer compromisos para lograr el equilibrio de género entre directores ejecutivos.
Las empresas estarán obligadas también a informar de los criterios de cualificación si son solicitados por un candidato que no ha obtenido el puesto y tendrán que informar sobre la composición de sus cúpulas y de los obstáculos para cumplir con los objetivos de la directiva y de las medidas para superarlos.
La directiva comunitaria también exige a los Estados miembros que diseñen un sistema de sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasivas” para las compañías que no cumplan con las exigencias de transparencia en los procesos de selección.
Estas sanciones podrán incluir multas o incluso la anulación de los procesos de selección que se han realizado sin cumplir con los criterios de la normativa, aunque dependen en última instancia de las autoridades nacionales.
Por último, la directiva obliga a los Estados miembros a publicar una lista con las compañías que cumplen con los objetivos de la misma y a designar a uno o más organismos para las labores de promoción, análisis, supervisión y apoyo para lograr la igualdad de género en los consejos de administración.
“Estas normas liberarán el increíble potencial de las mujeres para guiar nuestro crecimiento e innovación. Garantizaré que esta importante legislación es adoptada adecuadamente por los Estados miembros y se aplica de manera diligente. Juntas podemos romper el techo de cristal”, destacó la nueva comisaria responsable de Igualdad, Hadja Lahbib.
