El Gobierno de Venezuela aumentó en casi un 49% su recaudación de impuestos en 2024 en comparación con 2023, al pasar de US$5,876 millones a algo más de US$8,752 millones, resultantes de la conversión de bolívares -la moneda oficial de la nación caribeña- a la divisa norteamericana, según la tasa oficial del Banco Central del país.
Según el Ministerio de Comunicaciones, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó durante el año recién finalizado casi VES$460,000 millones, una moneda que sufre una depreciación constante desde octubre, tras varios meses de estabilidad, lo que supone una pérdida diaria del valor real de la recaudación fiscal.
La Cartera de Estado explicó que la recaudación incluye los ingresos obtenidos a través del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), del Impuesto al Valor Añadido (IVA), aduanas y “otras rentas internas”.
Además, recordó que el superintendente del Seniat, José David Cabello, afirmó recientemente que la recaudación evidencia “el triunfo de las políticas fiscales aplicadas por el Gobierno de Venezuela y el empeño colectivo de los contribuyentes”.
Por su parte, el opositor Henrique Capriles dijo en X que, pese a la recaudación fiscal del año pasado, “no hubo bonos suficientes” ni un aumento de sueldo para los empleados públicos que se ajuste a la canasta básica alimentaria, que en noviembre alcanzó los US$493.28 para una familia de cinco personas, según la ONG Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Además, Capriles afirmó que se sigue “ignorando” que la pensión y el salario mínimo equivalen hoy a US$2.4 al mes -que se complementan con bonos gubernamentales de hasta US$130-, al tiempo que agregó que el 2025 “debe venir con beneficios reales para sacar de la pobreza a la mayoría de las familias venezolanas”.
Durante 2024, varios gremios advirtieron sobre la “alta carga fiscal” que enfrentan las empresas formales, que destinan, en promedio, un 80% de su utilidad en el pago de los tributos, entre ellos, la “contribución especial” contemplada en la Ley de Protección de las Pensiones, que los empresarios pagan desde el pasado mayo.
El fin de esta contribución -equivalente al 9% del salario de cada trabajador de las empresas que tributan- es, según el Gobierno, “mitigar el impacto negativo” de las sanciones en los ingresos de los pensionados, quienes, sin embargo, todavía no han visto reflejado en sus pensiones este beneficio.
Venezuela es el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de informalidad laboral -un 70% frente al promedio regional del 50%-, lo que genera un mayor peso tributario en el sector formal, según estimaciones de la consultora financiera Ecoanalítica.
