Facebook, propiedad de la empresa estadounidense Meta, fue acusado por organizaciones y denunciado por la propia comunidad rohinyá de contribuir al “discurso de odio” que acompañó a la campaña militar contra esta minoría musulmana de Birmania (Myanmar) en agosto de 2017.
Su presunto papel en una persecución que Naciones Unidas describió como “limpieza étnica de manual” y que llevó a más de 720,000 rohinyás a huir al vecino Bangladés, donde permanecen, fue uno de los grandes exponentes de la necesidad de introducir mayores controles en la red social contra la propagación de noticias falsas y mensajes violentos.
Casi cinco años después, la decisión anunciada esta semana por el delegado de Meta, Mark Zuckerberg, de poner fin a su programa de verificación con los socios acreditados a los que recurría, de momento solo en EE.UU., reabre heridas sin cicatrizar, con la comunidad rohinyá aún marginalizada y varios procesos judiciales en curso.
La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en 2022 en el que denunciaba que los “peligrosos algoritmos de Meta y su temerario afán de lucro contribuyeron sustancialmente a las atrocidades perpetradas por el Ejército de Myanmar contra la población rohinyá en 2017”.
En su informe describía cómo en un post que se compartió más de 1,000 veces un defensor musulmán de los derechos humanos en Birmania, de mayoría budista, fue calificado de “traidor nacional”, acompañado por comentarios que tachaban a los musulmanes de “perros” a “los que hay que matar a tiros”.
El propio comandante jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, hoy líder de la junta militar que detenta el poder tras el golpe de Estado de febrero de 2021, publicó en su página de Facebook en 2017, como recoge AI: “Declaramos abiertamente que nuestro país no tiene ninguna raza rohinyá”.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing al creer que podría tener “responsabilidad penal” por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en 2017 contra la minoría, a la que Birmania niega la ciudadanía porque les considera inmigrantes bengalíes, si bien llevan siglos en Rajine (oeste del país).
Ya en 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Birmania aplicar medidas cautelares para proteger a los rohinyá de un supuesto genocidio.
El clero budista en Birmania también fue uno de los colectivos del país que más contribuyó a difundir mensajes de odio a través de Facebook, su correa transmisora con unos 22 millones de usuarios entonces en el país (de los alrededor de 52 millones de ciudadanos).
La propia red reconoció su responsabilidad en la campaña anti rohinyá en 2018, tras la publicación de un informe sobre el asunto que encargó a una ONG de San Francisco.
“El informe concluye que, antes de este año, no estábamos haciendo lo suficiente para evitar que nuestra plataforma se use para fomentar la división e incitar a la violencia offline. Estamos de acuerdo en que podemos y debemos hacer más”, señaló la red.
Los propios refugiados rohinyás demandaron a Facebook en EE.UU. y Reino Unido en 2021 y le reclamaron 150.000 millones de dólares por haber difundido los mensajes de odio en su plataforma.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) criticó este jueves en un comunicado que la decisión de la multinacional Meta de poner fin al programa de verificación de datos de momento solo en Estados Unidos dañará la calidad de la información y abre la puerta a la «desinformación generalizada» y los «discursos de odio».
