La Unión Europea (UE) aprobó formalmente este viernes nuevas sanciones contra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, así como contra otros catorce altos funcionarios venezolanos por considerar que han socavado la democracia y el Estado de derecho en ese país.
La UE publicó en su Diario Oficial la nueva lista de sancionados en el día de investidura del nuevo presidente de Venezuela, que como ya adelantó EFE en diciembre incluye a Caryslia Rodríguez.
Entonces, los embajadores de los Veintisiete pactaron ampliar la lista de sancionados del régimen venezolano tras no reconocer la victoria del actual presidente, Nicolás Maduro, quien no presentó las actas electorales tras los comicios del pasado 28 de julio.
La chavista Caryslia Rodríguez es presidenta del ente que ratificó la reelección de Maduro, como había señalado previamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), y ya es objeto de sanciones estadounidenses y canadienses.
Entre los nuevos sancionados figuran asimismo otros altos cargos del TSJ, como la vicepresidenta de esa corte y de su Sala Electoral, Fanny Beatriz Márquez; el magistrado de la Sala Constitucional Inocencio Antonio Figueroa, y el presidente de la Sala Político-Administrativa, Malaquías Gil Rodríguez.
Igualmente, han sido sancionados varios responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE): su secretario general, Antonio José Meneses; su vicepresidente, Carlos Enrique Quintero; su rector principal, Conrado Ramón Pérez, y su rectora principal, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral y miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Rosalba Gil Pacheco.
La UE también incluyó en esta nueva lista de sancionados al fiscal auxiliar del Ministerio Público Luis Ernesto Dueñez Reyes, por participar en “la persecución judicial por motivos políticos” del opositor Edmundo González Urrutia.
Los Veintisiete sancionaron igualmente al juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia, Edward Miguel Briceño Cisneros, por emitir una orden de detención el 2 de septiembre de 2024 contra González Urrutia, procesado por múltiples “crímenes” políticos por lo que se vio obligado a exiliarse a España el día 8 del mismo mes.
Figuran igualmente el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Alexis José Rodríguez Cabello, y el subdirector del mismo organismo, Miguel Antonio Muñoz Palacios, a quienes la UE considera responsables de “violaciones y abusos graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”.
En el capítulo de miembros de las fuerzas armadas sancionados por graves violaciones de derechos humanos se incluye al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desde julio de 2023, Elio Ramón Estrada Paredes; el director del departamento de Investigaciones Penales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2021, Asdrúbal José Brito Hernández, y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde 2021, Domingo Antonio Hernández Lárez.
Por otra parte, la UE publicó hoy en su Diario Oficial la prolongación de las sanciones contra personas que estaban ya en la lista negra -iniciada en 2017-, en la que la UE ha decidido volver a incluir al presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Amoroso había sido retirado de la lista en mayo pasado junto a otros tres antiguos miembros de esa institución, a fin de favorecer la organización de unas elecciones presidenciales “inclusivas y competitivas” dos meses más tarde, según indicó entonces la UE.
El pasado 28 de julio González Urrutia se enfrentó en las urnas a Maduro en unas elecciones presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el CNE decretó la victoria del hasta ahora presidente de Venezuela.
La UE, que no reconoce esos resultados electorales, ha decidido ampliar sus medidas selectivas contra el régimen de Maduro, que implican la prohibición de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho.
La lista de sancionados, que supera así el medio centenar, incluía ya a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, mientras que en ella no figura Nicolás Maduro.
