El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó este lunes, junto al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el obispo de La Vega, Carlos Morel Diplán; la primera reunión de diálogo para el reasentamiento de las comunidades afectadas por los trabajos mineros realizado en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
El encuentro contó con la participación de la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y representantes de las comunidades afectadas.
Durante el encuentro, realizado en el Arzobispado de La Vega, se anunció la conformación de una comisión mediadora integrada por representantes del Gobierno, las comunidades y la empresa minera. Este organismo contará con la participación de la Iglesia y del Defensor del Pueblo como garantes éticos y constitucionales.
Pablo Ulloa, en su calidad de Defensor del Pueblo, asumirá el rol de portavoz oficial de las negociaciones.
Además, se acordó retomar las conversaciones el próximo miércoles 15 de enero en el obispado de La Vega, con el objetivo de alcanzar una solución integral en un plazo de dos semanas.
Compromiso gubernamental y disposición comunitaria
El ministro Joel Santos subrayó la importancia de atender las preocupaciones de las comunidades para lograr acuerdos concretos.
“Hay muchas aristas en este tema, pero debemos elegir los escenarios adecuados para abordarlas. Nuestro enfoque está en garantizar soluciones justas para las comunidades y beneficios para el país”, declaró Santos, quien destacó la disposición del Gobierno para buscar soluciones que brinden tranquilidad a las comunidades y permitan la continuidad de las operaciones de Barrick Pueblo Viejo.
De su lado, el obispo Carlos Morel Diplán, enfatizó la relevancia de un diálogo constructivo.
“Este encuentro es un signo de esperanza. Muchas personas tienen sus ojos puestos en este proceso. La familia lo necesita, la patria lo exige, y el diálogo requiere esfuerzo”, expresó.
Asimismo, los representantes de las comunidades manifestaron su disposición a continuar el proceso de diálogo, destacando la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación para alcanzar acuerdos que beneficien tanto a las familias afectadas como al desarrollo sostenible de la región.
