La Federación Dominicana de Comerciantes externó este miércoles ante los congresistas su preocupación por las modificaciones a la Ley 225-20 de Residuos sólidos, indicando que fue aprobada al “vapor” por el Senado de la República.
Los comerciantes afirmaron que laos cambios a la ley incrementan el impuesto que pagan las empresas hasta en 3,846%, llegando incluso a representar hasta un 0.5% de los ingresos brutos (ventas) de las mismas, subrayando, que es un impuesto que afecta negativamente las operaciones del sector empresarial del país.
“Realizamos un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que organice reuniones en las comisiones de Medioambiente y Finanzas que analizaran la modificación de la Ley 225-20 con los diferentes sectores empresariales del país, ya que tal y como fue aprobada por los senadores, constituirá en llevar a la quiebra a las empresas en todo el país por ser un incremento desproporcionado”, manifestó el gremio que agrupa a 432 asociaciones de comerciantes en todo el país.
Asimismo, “llamamos a nuestros asociados en todo el país a que se reúnan con los legisladores de cada una de las provincias para que puedan entender el efecto negativo de esta modificación al sector comercio y a todos los sectores productivos del país, ya que se trata de gravar todos los ingresos por ventas de los productos, teniendo un efecto cascada en la cadena de distribución de los mismos”.
“Empezaría con el productor de arroz, luego el molinero, después el distribuidor, el mayorista, el supermercado y el colmado. Al pasar por tantos integrantes de la cadena, el efecto del impuesto sobre el arroz sería de más de un 2%, que al no poder absorber este costo, se le traspasaría al consumidor final, lo que implica un incremento de la inflación de los productos de consumo básico”, puso como ejemplo.
Reiteró un llamado a los diputados a estudiar y escuchar a todos los sectores involucrados en el mismo, porque incluye además a las asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y cualquier persona física o jurídica que reporte sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
