La Asociación de Empresas Distribuidoras de Combustibles a Domicilio (Adecom) saludó el interés del presidente de la República, Luis Abinader, de observar la ley de residuos sólidos aprobada en el Congreso Nacional. Según Adecom, la decisión de Abinader abre la puerta a un diálogo más profundo y equilibrado entre el Gobierno y los sectores productivos afectados, “en busca de un consenso justo y sostenible”.
En ese sentido, Adecom compartió la necesidad de avanzar hacia una mejor gestión ambiental, sin embargo, advirtió que las disposiciones actuales de la Ley 225-20 afectan gravemente al sector combustibles, compuesto por empresas que operan bajo un régimen regulado y con márgenes de ganancia mínimos establecidos por el Estado.
Adicionalmente, explicó que, aunque el precio de venta final está regulado, el renglón de los combustibles a domicilio e industrial está liberalizado en cuanto a la competencia entre empresas, y según la asociación, la obliga a ofrecer descuentos para poder subsistir en el mercado, adaptándose constantemente a la ley de oferta y demanda. “Esta dinámica reduce aún más nuestra ya limitada rentabilidad, y vuelve insostenible cualquier carga adicional basada en ventas brutas”, se quejó en un comunicado.
Señaló que el volumen de ventas que manejan las empresas, aunque elevado, no refleja su realidad económica. “Bajo los criterios establecidos en la ley de residuos sólidos, muchas de estas empresas serían clasificadas como grandes contribuyentes, cuando en la práctica no lo son. Según la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII), nuestras empresas están formalmente catalogadas como empresas de margen regulado, no como grandes contribuyentes, lo que representa una contradicción tácita entre la clasificación fiscal y la clasificación establecida por esta ley”, explica.
Afirmó que no puede considerarse justo que se impongan cargas económicas tomando como base las ventas, cuando la rentabilidad real de las operaciones es extremadamente reducida. Adecom argumentó que esta fórmula impactaría directamente en la sostenibilidad de más de 150 empresas distribuidoras, con el riesgo de perder más de 3,000 empleos directos e indirectos.
Adecom hizo un llamado al presidente Abinader para que, en el proceso de revisión de esta ley, se tomen en cuenta las particularidades de los sectores regulados, y se construya una solución equitativa que no ponga en peligro la continuidad de las operaciones.
“Este renglón de los combustibles a domicilio e industrial debe participar en los diálogos que se realicen en torno a esta legislación, ya que ningún diseño de política pública será justo si no incluye la voz de los sectores directamente afectados”, propuso.
