La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) planteó que la modificación a la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, modificada por la Ley 98-25, debe desarrollarse mediante un proceso amplio de consulta, sustentado en criterios técnicos y en la construcción de consensos entre los sectores involucrados.
En un comunicado de prensa, la entidad empresarial señaló que la Ley 225-20 fue una conquista nacional alcanzada tras más de una década de trabajo conjunto entre los sectores público, privado, académico y social.
Ecored precisó que ese proceso permitió construir una visión compartida sobre la gestión de residuos y sentó las bases para la transición hacia un modelo de economía circular.
“Por ello, cualquier reforma de alcance estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico que caracterizaron su formulación”, manifestó el documento.
Indicó que la solución a los desafíos asociados al manejo de los residuos sólidos requiere una visión integral, enfocada en incentivar la innovación, ampliar las inversiones en infraestructura, fortalecer los mercados de materiales recuperados y promover la educación ciudadana y la corresponsabilidad de todos los actores de la cadena de valor.
“La sostenibilidad ambiental y la competitividad de los sectores productivos son objetivos complementarios, por lo que consideró indispensable evaluar con objetividad los impactos económicos derivados de nuevas obligaciones regulatorias antes de su aprobación”, sostuvo Ecored.
Destacó la importancia de garantizar mecanismos de gobernanza, transparencia e independencia en la administración de los recursos destinados a la gestión de residuos, con el propósito de fortalecer la confianza de los diferentes actores que participan en el sistema.
El comunicado precisó que la República Dominicana tiene la oportunidad de fortalecer su marco legal para impulsar una verdadera economía circular, resolver de manera sostenible los desafíos asociados a los residuos sólidos y promover simultáneamente la protección ambiental, la competitividad, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
Por último, reafirmó la disposición de Ecored de aportar sus capacidades técnicas al proceso de reforma, convencida de que las mejores soluciones para el país se alcanzan mediante el consenso, la colaboración y una visión compartida de desarrollo sostenible.
