La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su profunda preocupación ante la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada el miércoles por el Senado de la República.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, criticó la falta de diálogo en el proceso observado por el Senado en esta ocasión. “El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se acostumbra en casos de proyectos de ley de tanta importancia como este. Nos sorprende aún más que no se haya convocado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible para conocer su parecer técnico respecto al tema”, dijo Pujols.
Pujols reiteró que la industria nacional apoya la correcta gestión de los residuos sólidos en el país y reconoció la necesidad de fondos para lograr esos objetivos. “Lo que rechazamos, además de la manera acelerada e inconsulta en que fue aprobado este proyecto, es que se insista en el establecimiento de una contribución especial sin que medie un estudio técnico o un análisis de impacto regulatorio que justifique la magnitud de los incrementos propuestos”, expresó.
Dijo que el gremio estará preparado para compartir sus planteamientos con las comisiones de trabajo correspondientes en la Cámara de Diputados, a donde ahora pasa el proyecto aprobado. “Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para asegurar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir”, concluyó Pujols.
Sobre la municipalidad
El representante empresarial resaltó que, como gremio, reconocen los desafíos financieros de los gobiernos municipales en todo el territorio nacional. No obstante, precisó que no puede pretenderse que el marco legal de residuos sólidos resuelva todas las necesidades históricas de financiamiento de la municipalidad.
“El marco legal aplicable a los ayuntamientos dispone que estos deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Si esa transferencia no ocurre o es insuficiente, la solución está en corregir ese mecanismo, no en trasladar la carga a la contribución especial de una ley ambiental que tiene un objetivo distinto y específico”, recalcó Pujols.
