La Comisión Europea (CE) tiene previsto revisar este año el impuesto climático que aplica a las importaciones de acero, cemento, aluminio o fertilizantes con el objetivo de minimizar «consecuencias indeseadas» de este arancel y evitar el cierre o la deslocalización de plantas industriales.
«Europa necesita combatir la fuga de carbono en sus industrias», subraya la iniciativa que forma parte de la hoja de ruta industrial, llamada Brújula de Competitividad, que presentaron este miércoles en una rueda de prensa la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Industria, Stéphane Séjourné.
La revisión del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) está enmarcada en el capítulo de esta estrategia dedicado a la descarbonización industrial y Bruselas la justifica tanto por «la situación de las industrias intensivas en energía» que forman parte del sistema de comercio de CO2 y «la necesidad de minimizar los casos de elusión» de este gravamen y sus «consecuencias indeseadas».
El objetivo será «analizar la posible ampliación de su alcance a más sectores y productos derivados», así como «posibles medidas para atajar el impacto en la exportación de bienes relevantes», explica Bruselas, que precisa, sin embargo, que esta revisión «es independiente de los preparativos actuales para simplificar ciertos aspectos» del arancel «en el corto plazo».
«Esto reforzará el objetivo de evitar la fuga de carbono y garantizar un mayor impacto en la promoción de la igualdad de condiciones a nivel internacional y de poner un precio global al carbón, al tiempo que se protege la competitividad de las industrias de la UE», explica la Comisión.
Este gravamen, que según la normativa vigente se empezaría a aplicar a partir de 2026, se encuentra actualmente en una fase de transición caracterizada por la recopilación de datos de importaciones y emisiones de CO2 en los sectores del cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
El impuesto busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
Pactado en diciembre de 2022, los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) pidieron recientemente retrasar su aplicación «al menos dos años» dentro de sus propuestas para simplificar la legislación comunitaria y reducir la carga administrativa de las empresas.
Por el contrario, la patronal europea del acero (CEMBUREAU) ha recordado que el sector está llevando a cabo «inversiones significativas de descarbonización» y ve «crucial» que la «fase operativa» del arancel entre en vigor en 2026 como está actualmente previsto.
