Las operaciones de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en República Dominicana están reguladas por la Ley 155-17. Esta normativa establece la identificación de los llamados “sujetos obligados”, tanto financieros como no financieros. Sin embargo, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), advierte que “cualquier profesión, cualquier actividad, cualquier empresa puede ser utilizada para lavar dinero, sea sujeto obligado, financiero o no financiero”.
En una entrevista con elDinero, Guzmán Coste se cuestionó qué determina que una empresa o profesión sea considerada sujeto obligado: “El ejercicio de evaluación”. Reconoció que, aunque ha habido avances desde 2027 en el ámbito de las actividades y profesiones no financieras (APNFD), “aún queda un camino largo por recorrer”.
En este sentido, destacó que sectores como “casinos, constructoras, concesionarios de vehículos y, por último, los abogados y contables y notarios, en menor medida” siguen presentando altos riesgos de utilización para la ilegalidad.
Guzmán Coste también reconoció el creciente impacto del lavado de activos tanto para las autoridades como para el sector privado, especialmente ante los riesgos asociados a las nuevas tecnologías. En 2023, se reportaron más de 6,000 operaciones sospechosas (ROS) a la UAF en República Dominicana, evidenciando la magnitud del problema.
Respecto al reporte de actividades sospechosas (RAS) de 2024, Guzmán Coste indicó que está en proceso y adelantó que las actividades más susceptibles al lavado de activos continúan siendo aquellas vinculadas a sujetos financieros no financieros que reportan directamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Aunque resaltó que “siempre el volumen, por el tamaño del sector y años de madurez”, recae mayormente en el sector financiero (banca, valores y un poco seguros).
La funcionaria también mencionó que este panorama podría cambiar. “En algún momento debe cambiar porque el universo de sujetos obligados no financieros es muy alto” y ha ido en aumento debido a la educación sobre los temas de prevención. “Hemos recibido reportaría de calidad y hemos visto un incremento positivo en empresas constructoras. No lo esperado, pero sí hemos visto avances significativos en la erradicación del lavado de activos”, afirmó.
Guzmán Coste aclaró que cuando se incluye una profesión o actividad económica como sujeto obligado, es tras una evaluación pormenorizada y sectorial que determina su susceptibilidad para ser utilizada en actividades ilegales.
Tarea pendiente
Este año, de acuerdo con Coste, la UAF se enfocará en fortalecer las relaciones interinstitucionales, especialmente en lo que respecta a las actualizaciones del estándar y las recomendaciones 15 y 8 del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT). En este contexto, anunció un proyecto conjunto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) que tiene como objetivo robustecer el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al país en 2018 relacionadas con las asociaciones sin fines de lucro.
“Este es un retroceso que esperamos cerrar en 2025”, dijo la directora general de la UAF, subrayando así la importancia de avanzar en estas áreas clave para mejorar el marco normativo y la colaboración entre instituciones.
