El gobierno de Venezuela descalificó este viernes a las autoridades de República Dominicana, tras permitir que Estados Unidos confiscara un segundo avión vinculado al jefe de Estado de esa nación sudamericana, que se encontraba retenido desde 2024 en el aeropuerto La Isabela, en Santo Domingo.
La incautación de la aeronave Dassault Falcon 2000EX fue ejecutada el pasado jueves por orden del secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al concluir su primera gira internacional en territorio dominicano.
Como reacción, la República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado de su cancillería, llamó “cipayo” al gobierno del presidente Luis Abinader, agregando que, Estados Unidos ejecutó la acción en “complicidad” con el Estado dominicano.
El término “cipayo” se utiliza de forma despectiva para describir a alguien que está al servicio de los intereses de otro. Específicamente, se define como un “soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña”.
En ese orden, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores calificó la incautación del aparato como un “robo descarado” a la nación venezolana, y argumentó, que el “odio” del jefe de la diplomacia norteamericana hacia Venezuela lo ha llevado a cometer “delito abierto”, “confiscando ilegalmente un avión de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además, el Gobierno de Maduro llamó “delincuente disfrazado de político” a Rubio, y que supuestamente usa su “cargo para saquear y despojar” a Venezuela de sus “bienes”. “Su odio lo convierte en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra patria”, afirmó el Gobierno de Maduro.
Por tal motivo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores prometió que tomarán todas las acciones necesarias para exigir la devolución inmediata de la aeronave. “Marco Rubio pasará a la historia como lo que es: un ladrón y un enemigo declarado de nuestro pueblo”, aseguró en un comunicado.
El aparato confiscado, adquirido en 2017 por PDVSA en Estados Unidos y exportado a Venezuela, según investigaciones estadounidenses, fue “revisado y mantenido en múltiples ocasiones utilizando piezas de Estados Unidos”, algo que viola las leyes de control de exportaciones y sanciones de Washington.
