Grupos sindicales y la Policía de Panamá se enfrentaron este miércoles en la capital, dejando al menos un agente antidisturbios herido, mientras se espera el avance de las discusiones parlamentarias para reformar la Seguridad Social, inmersa en una profunda crisis desde hace años.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) bloqueó un tramo de la avenida marítima, una de las arterias viales más concurridas de Ciudad de Panamá, en rechazo al proyecto de ley que reforma la Caja del Seguro Social (CSS), en discusión en el Legislativo.
La Policía panameña respondió, dando inicio a enfrentamientos de ambas partes: mientras los agentes lanzaban gas contra los manifestantes, estos tiraron objetos, provocando que el tráfico se paralizara.
“Estas personas se refugiaron en un edificio en construcción propiedad de un centro hospitalario, desde donde lanzaron bloques, varillas, otros objetos, poniendo en riesgo a las unidades policiales y ciudadanos, así como ocasionando daños materiales a la propiedad privada, lo que motivó la intervención policial”, explicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.
Uno de los antidisturbios tuvo que recibir incluso atención médica tras resultar “herido con un objeto contundente” lanzado por los manifestantes, añadió la Policía en un mensaje en redes sociales.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó en X esa situación: “Condeno de forma enfática la utilización de la obra del Hospital del Niño como barricada para la violencia. Es una obra pública, pagada con recursos panameños para los niños y no para el uso de organizaciones político-sindicales. Espero que les caiga todo el peso de la ley y actúe el Ministerio Público“.
Mulino calificó de “intolerable” que la obra en construcción sea usada como “barricada de terroristas sindicalistas para subvertir el orden público”.
El Suntracs, el sindicato más poderoso del país, cerró además otros puntos claves de la capital panameña, al igual que anunció otra protesta en horas de la tarde frente a la Asamblea Nacional (Parlamento).
Los debates sobre la Seguridad Social en el Parlamento
Está previsto que este miércoles comiencen las discusiones de dos proyectos de ley (independientes uno del otro) sobre la Caja del Seguro Social de Panamá, claves para el futuro económico de esa entidad, sumergida desde hace años en una crisis administrativa y financiera, que podría liquidar a uno de los dos subsistemas de pensiones.
El primero de ellos entra en el tercer y último debate para autorizar al Ejecutivo la transferencia de US$91 millones en concepto de “fondos extraordinarios” para “reforzar parcialmente los costos” de las jubilaciones correspondientes a este mes de febrero, según la información oficial. Es probable que sea aprobado hoy.
El otro, más amplio y de mayor importancia, reforma la Seguridad Social panameña y pasaría a la segunda de las tres discusiones obligatorias después de meses de debate por bloques en la comisión parlamentaria de salud ante los apuros solicitados por el presidente panameño y otros sectores sociales.
Ese proyecto de ley que reforma la Seguridad Social es una propuesta del Ejecutivo hecha en consenso por mesas de diálogo con sectores económicos, sindicales y sociales. El documento original incluía un aumento de tres años a la edad de jubilación -hasta los 65 los hombres y 60 las mujeres- y un 3% de la cuota patronal, entre otros.
Sin embargo, los diputados de la comisión tumbaron el artículo que elevaba la edad de retiro, uno de los puntos más rechazados por los mismos parlamentarios, sindicatos y la población, e incrementaron el aporte anual del Ejecutivo hasta los US$1,400 millones frente a los US$1,200 millones planteados por el Gobierno.
El hemiciclo, compuesto de 71 curules (escaños), hará dos rondas de discusiones en esta segunda fase con media hora de alegato para cada diputado, por lo que el debate podría durar aproximadamente dos semanas, según dijo a EFE una fuente oficial.
Esa propuesta de cambio a la Seguridad Social ha levantado polémicas en Panamá con algunas manifestaciones en las calles durante los últimos meses, un amplio debate público y peticiones de modificaciones concretas por parte de la empresa privada.
Los proyectos de ley deben pasar tres debates en el Parlamento y, una vez sean aprobados, el presidente del país debe ratificarlos para convertirlos en norma una vez sean publicados en gaceta oficial.
