Los taponamientos sinfín en el Gran Santo Domingo ha llamado la atención de expertos y ciudadanos comunes, quienes consideran que se ha perdido tiempo en buscarle una salida al caos en el tránsito, especialmente por sus efectos en la productividad y en la economía en sentido general. Consideran que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) debe garantizar la implementación de políticas que ayuden a una solución definitiva. Además, identifican la falta de infraestructura entre las variables que afectan la movilidad en la ciudad.
“Sí, estoy de acuerdo. El Gran Santo Domingo ha crecido de manera anárquica, sin planificación urbana adecuada y con una aplicación deficiente de la ley de tránsito, transporte y movilidad terrestre. Como resultado, los taponamientos han alcanzado niveles críticos, afectando la movilidad, la productividad y la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó Julio Santana, experto en procesos de calidad y exdirector de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), hoy Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).
A su entender, la falta de infraestructura vial adecuada, combinada con un transporte público deficiente y una alta dependencia de los vehículos privados, ha generado un colapso del sistema vial, con embotellamientos constantes que impactan negativamente la economía y la salud de la población.
Santana afirma que deben considerarse las pérdidas económicas significativas derivadas del tráfico, ya que el tiempo perdido en los congestionamientos reduce la productividad laboral y aumenta los costos operativos del transporte de mercancías y movilidad de trabajadores.
“No debemos perder de vista la contaminación ambiental provocada por la emisión excesiva de gases tóxicos que imperceptiblemente está afectando la salud pública, incrementando los problemas respiratorios y el estrés de los ciudadanos”, señala el experto. Entre las causas, destaca la falta de aplicación efectiva de las normativas de tránsito, el mal estacionamiento y la ocupación irregular de las vías agravan aún más la situación.
Entiende que declarar el Gran Santo Domingo en emergencia por los taponamientos permitiría implementar acciones urgentes para mitigar el problema. Entre las medidas prioritarias, dice, se encuentran el reordenamiento del tránsito con restricciones estratégicas, la expansión acelerada del transporte masivo como el metro y el teleférico; el fortalecimiento de la fiscalización de las normativas viales y la incorporación de soluciones tecnológicas como semáforos inteligentes y control de tráfico en tiempo real.
El vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, se pronunció preocupados y en descontento con la problemática de los embotellamientos vehiculares o tapones en el Gran Santo Domingo, afirmando que esto provoca pérdidas millonarias al país.
Cruz Rojas dijo que la congestión vehicular evita que las masas trabajadoras puedan llegar a tiempo a sus trabajos, por ende, se afecta la producción y distribución en general. Entiende que si las micro, pequeñas y medianas empresas disminuyen la producción esto afecta a todo el país.
Pavel de Camps Vargas, expertos en redes sociales y manejo de crisis digital, la situación del tránsito en el Gran Santo Domingo es crítica y ha llegado a un punto donde declarar un estado de emergencia vial es una opción viable.
Entre los factores que justifican la emergencia, destaca, primero, el colapso diario del tránsito, pues las principales arterias viales, como la 27 de Febrero, la John F. Kennedy, la Máximo Gómez y la Avenida Independencia, entre otras, experimentan congestiones constantes, incluso fuera de las horas pico.
Otra razón es el impacto en la economía, pues entiende que los embotellamientos generan pérdidas millonarias en tiempo y combustible. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refiere, la congestión vehicular en América Latina puede costar hasta un 4% del producto interno bruto (PIB) en algunas ciudades.
También señala la contaminación y salud pública, pues considera que los altos niveles de emisión de CO₂ y otros contaminantes afectan la salud de los ciudadanos, aumentando enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
También señala la falta de transporte público eficiente, pues, aunque el Metro de Santo Domingo y el Teleférico han aliviado parte del problema, la cobertura sigue siendo insuficiente.
Para el empresario del área tecnológica y servicios de seguridad, Max Pérez, definitivamente, el caos del tránsito en el Gran Santo Domingo ha llegado a un punto crítico.
Sostiene que los tapones no solo afectan la movilidad, sino que también tienen un impacto económico, ambiental y en la salud mental de la población. Considera que la falta de planificación vial, el aumento del parque vehicular y la deficiencia en el transporte público agravan la situación. “Sumando la falta de conciencia y educción vial (choferes y transeúntes) se ha convertido en un verdadero problema por resolver”, expresa.
A su entender, declarar una emergencia vial podría ser una medida para agilizar soluciones como mejoras en la infraestructura, regulaciones más estrictas y la optimización del transporte público. Sin embargo, esto solo funcionaría si viene acompañado de inversión planificada, así como acciones concretas y sostenibles a largo plazo.
