A partir de agosto de 2026, el paisaje legal para el sector privado en República Dominicana cambiará radicalmente. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las empresas disponen de cuatro meses para blindar sus estructuras antes de quedar expuestas a procesos penales por un catálogo de más de 40 ilícitos.
Ante este nuevo tablero jurídico, los programas de cumplimiento dejan de ser una opción ética para convertirse en un escudo financiero. Su implementación no solo protege la sostenibilidad de la organización a largo plazo, sino que actúa como un facilitador de negocios en mercados cada vez más exigentes con la transparencia.
Para la presidente de la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), Tania de León, el “compliance” penal se erige como una ventaja competitiva para atraer inversiones. De hecho, las empresas que logren anticiparse implementando sistemas reales, proporcionales y verificables no solo estarán mejor protegidas, sino que enviarán una señal clara a inversionistas internacionales que operan en un entorno que tome en cuenta la gobernanza, la integridad y la capacidad de gestión del riesgo penal.
“El compliance penal, más que un requisito normativo, es un mecanismo de defensa corporativa y de generación de confianza. Esto representa una oportunidad estratégica”, subraya a elDinero, al tiempo de añadir que el desarrollo de modelos de cumplimiento en otros países ha permitido no solo mitigar riesgos, sino proteger la reputación, la continuidad operativa e incluso la existencia misma de las empresas frente a conductas delictivas ocurridas en su seno.
De León resalta la importancia de que las empresas cuenten con un “sistema vivo” de cumplimiento. Ella entiende que los programas no se limitan a tener manuales bien diseñados, sino que demuestren evidencia de implementación, capacitación, monitoreo, investigaciones internas, así como trazabilidad.
Supervisión
De acuerdo con el artículo 8 del Código Penal, será posible atenuar la responsabilidad penal de las empresas si se demuestra la adopción de programas de cumplimiento. Esta protección es vital no solo para la gestión interna, sino en la relación con el Estado.
Al respecto, Francisco Franco, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, subraya que el cumplimiento es un “escudo protector” para las organizaciones, especialmente cuando el escrutinio de los fondos públicos detecta irregularidades que involucran a proveedores privados.
“Nuestra labor es detectar inconsistencias en el uso de los fondos públicos. Si estas fallas superan lo administrativo y entran en el terreno delictivo, la ley nos obliga a establecer responsabilidades penales”, detalla.
Retos
Las empresas se enfrentarán al riesgo de ser procesadas penalmente más por la omisión que por la acción. O sea, que al evaluarse la estructura de las entidades, se tomará en cuenta lo que hace o no en un momento determinado.
En ese sentido, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresa que la funcionalidad de los programas de “compliance” estará determinada por la comprobación de los canales de denuncias, pero, además, por la inversión de elementos de prueba por parte de las empresas.
“La ley establece que es la empresa la que debe demostrar que ha hecho todo lo necesario para evitar que se cometa el delito dentro de su organización”, sostiene. Ramos pone el foco en la capacidad real de respuesta de las pequeñas y medianas empresas. Para la magistrada, el reto no es documental, sino operativo: las organizaciones deberán probar que el cumplimiento es una cultura y no un manual de carpeta.
Capacidad
Según el abogado penalista, Francisco Álvarez, la nueva realidad exigirá una capacidad de mapeo de riesgos y auditorías holísticas que permitan a la empresa reaccionar antes de que el daño sea irreversible.
Uno de los mayores desafíos radica en la naturaleza de la responsabilidad penal. A diferencia del sistema anterior, el nuevo Código permite que un delito cometido en niveles operativos “salpique” escalonadamente hasta la alta gerencia o los propietarios.
Normativa
El fortalecimiento del marco de responsabilidad penal en el país puede generar un impacto positivo, debido a que no solo ayuda a la credibilidad del sistema jurídico, sino que beneficia el entorno de negocios. Así lo considera Óscar Meléndez, quien es socio de la práctica forense de EY Latam.
El fortalecimiento del marco penal no es un fenómeno aislado. Según Meléndez, República Dominicana se suma a una tendencia global que ya han adoptado las economías con mayor peso en el producto interno bruto (PIB) de América Latina. Para él, este cambio jurídico permite “nivelar hacia arriba” los estándares de integridad, eliminando las “trampas debajo de la mesa” y permitiendo que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con mercados internacionales.
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