La declaración jurada de bienes de los funcionarios y servidores públicos está regulada en República Dominicana. Esto les manda a presentar documentos sobre su patrimonio cuando son designados o elegidos para ejercer un cargo en el Estado y también cuando culminan sus funciones.
Al respecto, la presidente de la World Compliance Association (WCA), Capítulo República Dominicana, Tania de León, consideró que la declaración jurada de patrimonio debería ser presentada cada año con el objetivo de prevenir la corrupción administrativa.
Fue durante su participación en el Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), el cual se celebró en Punta Cana, provincia La Altagracia, donde la especialista en cumplimiento regulatorio aseguró que un seguimiento de las declaraciones juradas podría contribuir a detectar o intuir irregularidades.
Gestión de riesgos
De hecho, consideró que no sería un control excesivo, sino necesario, por tratarse de “personal crítico expuesto” al manejar cuantiosas cantidades de dinero. En ese sentido, señaló que hay instituciones que lo hacen como parte de un esquema de gestión de riesgos interno.
Argumenta que para cuando se presenta la segunda declaración (al término de funciones), las irregularidades ya se han cometido y es imposible prevenirlas. Para ella, el objetivo es evitar que las cosas sucedan, y el sistema actual no es efectivo ni eficiente en ese sentido.
También, De León abogó por una ampliación del enfoque basado en riesgo para incluir una “debida diligencia” al personal crítico en el sector público. Destacó la importancia de una mayor responsabilidad por parte de los encargados de compras.
Asumirla, afirmó la especialista, demuestra un compromiso con la integridad y se protégé a sí mismo de verse involucrado en problemas.
Para ella, el “compliance” es ética bien aplicada. No se trata solo de controles, que son importantes, sino de garantizar su legitimidad, porque “la gobernanza es servir y eso exige integridad”, concluyó.
Declaración jurada
La Ley 311-14 obliga a presentar declaraciones juradas de patrimonio al presidente y vicepresidente de República Dominicana, a senadores y diputados, a jueces, a procuradores, a ministros y viceministros.
Además, obliga al gobernador, vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, así como a miembros de la Cámara de Cuentas y miembros de la Junta Central Electoral. También, a administradores y gerentes de bancos estatales.
Están obligados a declarar alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales. Asimismo, embajadores, cónsules generales de República Dominicana acreditados en otros países y representantes ante organismos internacionales.
También, tienen que transparentar su patrimonio los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, así como el rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros.
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