La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) destacó la importancia de que la implementación del nuevo Código Penal contribuya al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal, al tiempo que llamó al sector empresarial a prepararse ante las nuevas responsabilidades que introduce la legislación, particularmente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El planteamiento fue realizado durante el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la AIRD, que contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como de representantes del sector industrial y empresarial.
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal representa uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años, al dejar atrás una legislación concebida hace más de un siglo para responder a una sociedad, una economía y unas formas de relacionarse profundamente diferentes a las actuales.
Brache señaló que, desde la perspectiva empresarial, este cambio merece especial atención. Indicó que las empresas se benefician cuando operan con reglas claras en el marco de un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y siempre apegada al debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
Un nuevo escenario para las empresas
El presidente de la AIRD destacó que uno de los cambios de mayor relevancia para el sector productivo es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que introduce una nueva dimensión en la gestión de las organizaciones: el riesgo penal empresarial.
Explicó que las empresas han estado acostumbradas a gestionar el cumplimiento regulatorio, tributario, laboral, ambiental, societario o financiero, pero el nuevo marco otorga mayor relevancia a los deberes de organización, dirección, control y supervisión, así como a la existencia de programas efectivos de cumplimiento.
“No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos. En otras palabras, el cumplimiento debe hacerse parte fuerte de nuestra cultura empresarial”, sostuvo.
De su lado, la procuradora general definió el nuevo Código Penal como un hito trascendental para la modernización del sistema de justicia dominicano, porque introduce herramientas jurídicas de vanguardia que robustecen de manera categórica los derechos y garantías de las personas jurídicas, respondiendo a las exigencias de una sociedad moderna y globalizada.
Enfatizó que el Ministerio Público ha desarrollado un riguroso proceso de capacitación y formación continua de los fiscales durante más de un año, preparándolos para operar con eficacia bajo los estándares de este nuevo marco normativo que fortalece el Estado de derecho.
Subrayó que la reforma era una necesidad impostergable para el país, al exponer que la normativa anterior, que databa de hacía más de un siglo, se concibió para una realidad social diametralmente distinta a la actual.
“Se hacía necesaria la reforma y el código que, como hemos dicho desde el Ministerio Público, toda norma es perfectible, toda norma es mejorable, no es un código perfecto, pero sí es un excelente código”, afirmó Reynoso, al valorar el esfuerzo del Congreso Nacional y el poder Ejecutivo plasmado en la importante pieza legislativa.
Entre las innovaciones más destacadas, puso de relieve el reconocimiento de la dignidad de las personas jurídicas, equiparándolas en este aspecto fundamental con las personas físicas. Recordó que el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia al establecer que las empresas poseen un derecho al buen nombre.
“Bajo este nuevo paradigma, si una persona jurídica resulta lesionada, difamada o afectada en su reputación comercial a través de campañas maliciosas, la legislación le otorga la potestad de accionar judicialmente para salvaguardar su buen nombre y exigir reparación por los daños considerables que pueda sufrir en el mercado”, dijo.
Recordó que el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia (Sentencia TC/0404/16) que reconoce que “las personas jurídicas, tienen derechos fundamentales”.
Por eso, añadió, “si se les lacera y se les difama, las personas jurídicas pueden accionar en los tribunales para proteger su dignidad. Puede que una persona jurídica, una empresa, sufra daños muy considerables por una campaña que afecta su buen nombre”.
Yeni Berenice aseguró que, con respecto a la responsabilidad y protección de las personas jurídicas, el nuevo Código Penal establece que las empresas responden penalmente cuando se comete un delito en su beneficio o interés a raíz de fallas en los deberes de dirección, control o supervisión.
Añadió, sin embargo, que la ley provee un esquema de eximentes y atenuantes de defensa a través de los Programas de Cumplimiento (Compliance), permitiendo atenuar las penas o lograr la exoneración total si se demuestra la existencia de controles rigurosos, prevención integral, cultura laboral respetuosa y mecanismos de reacción inmediata ante irregularidades.
En lo referente al principio de culpabilidad, la representante del Ministerio Público aclaró que la ley exige inexcusablemente que tanto las personas físicas como las jurídicas actúen con dolo o culpa para ser enjuiciadas.
“Ninguna persona es culpable si no le era exigible el derecho actuar de forma distinta. Y esto es muy importante para el sector empresarial. Si no le es exigible una actuación de forma distinta, entonces no hay dolo o culpa. Y si no hay dolo o culpa, ¿qué pasa? No hay delito”.
El compendio normativo no solo tutela el ámbito corporativo y los derechos fundamentales, sino que expande significativamente el catálogo punitivo del Estado, destacó. Puntualizó que el código incorpora 70 nuevas tipificaciones delictivas y refuerza figuras ya existentes.
Durante su intervención, la procuradora general reconoció que el sector empresarial de la República Dominicana ha iniciado un valioso proceso de socialización en torno a la nueva legislación.
Asimismo, agradeció de manera especial de la AIRD por propiciar espacios de diálogo y encuentro, destacando la firme disposición que ha mostrado para acompañar, orientar y preparar a las empresas ante los retos y exigencias que impone este moderno marco normativo.
El cambio genera interrogantes
El presidente de la AIRD reconoció que un cambio legislativo de esta magnitud genera interrogantes para las organizaciones productivas. Entre ellas citó cómo será aplicada la responsabilidad penal de las empresas, qué se espera de sus órganos de dirección, cuáles serán los estándares razonables de cumplimiento, cómo se determinará que una organización ha establecido controles suficientes y de qué manera funcionará el régimen para las pequeñas y medianas empresas.
Indicó que precisamente esas inquietudes hacen necesario promover espacios de intercambio entre las autoridades y el sector productivo, de manera que las empresas conozcan adecuadamente sus responsabilidades y puedan prepararse para cumplirlas.
Brache reiteró que, para la AIRD, la adecuada implementación de una legislación de esta trascendencia requiere información, prevención, orientación y diálogo.
“Ese es el país que queremos seguir construyendo: con instituciones fuertes, empresas responsables, competencia leal y confianza para invertir y producir”, afirmó.
En el Encuentro se realizó un panel, conducido por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, en el que la procuradora general de la República respondió muy diversas inquietudes del sector industrial.
