Los vacíos legales del nuevo Código Penal, particularmente en materia de responsabilidad penal corporativa y uso de la fuerza, podrían generar incertidumbre y exponer a las empresas de vigilancia a procesos penales podrían criminalizar injustamente la operatividad diaria de las compañías del área.
Así lo afirmó Freddy González Estrada, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, celebrado en el Hotel Embassy Suites by Hilton.
González Estrada aclaró que el gremio favorece la actualización del marco normativo. Sin embargo, consideró necesario establecer garantías proporcionales y reglas claras para una industria formal que genera más de 62,000 empleos, produce anualmente más de RD$24,000 millones y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
Sostuvo que una actuación individual de un vigilante que se aparte de los protocolos establecidos no debería traducirse automáticamente en responsabilidad penal para la empresa o sus directivos por presuntas fallas de supervisión.
Asimismo, dijo que se debe establecer reglas claras sobre la legítima defensa cuando los agentes de seguridad emplean armas de fuego en el cumplimiento de sus funciones, a fin de evitar procesos judiciales injustificados cuando su actuación se produzca dentro del marco de la ley y los protocolos establecidos.
Advirtió que el incremento de las penas y la creación de nuevos tipos penales podrían aumentar la vulnerabilidad jurídica de las compañías formalmente reguladas, por lo que llamó a precisar las disposiciones que inciden directamente en las operaciones de seguridad privada.
Además, planteó un esquema de adecuación preventiva de 90 días, con el propósito de que los ejecutivos y asesores legales del sector puedan revisar y adaptar sus controles internos a las nuevas disposiciones del Código Penal.
