La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) expresó preocupación por el impacto que podría tener el nuevo Código Penal en las compañías de ese sector, particularmente en materia de responsabilidad penal, uso de la fuerza, legítima defensa y aumento de las penas.
El tema será analizado este miércoles 26 de agosto, con representantes de esta rama productiva, a partir de las 9:00 de la mañana, en el salón Ópalo del hotel Embassy Suites by Hilton, en el taller “Nuevo Código Penal y su impacto en la seguridad privada”, a cargo del especialista Francisco Álvarez, socio fundador de la firma Fabogados, con experiencia en las áreas penal, societaria, comercial, administrativa y regulatoria.
Sobre el nuevo Código Penal, el presidente de Adesinc, Freddy González Estrada, consideró necesario que la aplicación de la nueva legislación establezca con claridad en qué supuestos una actuación individual de un agente de seguridad puede comprometer la responsabilidad penal de la empresa por fallas en sus deberes de dirección, control o supervisión, y cuándo podría existir responsabilidad individual de sus directivos.
El dirigente empresarial también manifestó inquietud respecto a la aplicación de las disposiciones sobre el uso de armas de fuego, la legítima defensa y sus posibles excesos en las labores de seguridad privada.
En ese sentido, entiende que los agentes que actúen legítimamente, en cumplimiento de sus funciones y conforme a los protocolos establecidos, deben contar con reglas claras que reduzcan la incertidumbre jurídica y eviten procesos penales injustificados.
Otra de las preocupaciones que planteó se relaciona con el aumento de determinadas penas y la incorporación de nuevos tipos penales que podrían incidir en las operaciones cotidianas de las compañías del sector.
El presidente de Adesinc aclaró que no se opone al nuevo Código Penal y que, por el contrario, valora positivamente la modernización de la legislación penal dominicana. No obstante, sostuvo que su aplicación debe garantizar proporcionalidad y seguridad jurídica, sin generar efectos desproporcionados sobre una actividad lícita, regulada y sometida a licencias, supervisión y protocolos especiales.
El taller tiene como objetivo explicar de manera práctica los principales efectos de la nueva normativa sobre las empresas de seguridad privada, sus propietarios, directivos, supervisores y empleados.
Durante la jornada se abordarán las diferencias entre la responsabilidad penal del empleado, el supervisor, el directivo y la empresa, así como los riesgos vinculados al uso de la fuerza, el manejo de armas, la retención de personas, el control de acceso y la custodia de bienes, valores y evidencias.
El programa también incluirá aspectos relacionados con la videovigilancia, la protección de datos personales, la información de los clientes, la alteración de bitácoras, la eliminación de grabaciones y el manejo inadecuado de incidentes.
Asimismo, serán analizados casos hipotéticos sobre el uso de armas, la pérdida de bienes o equipos, la difusión de videos y la modificación de registros. Cada situación será examinada desde las perspectivas del Ministerio Público, la defensa y los elementos que debería valorar un juez.
La capacitación ofrecerá orientaciones sobre los controles mínimos que deben implementar las empresas para reducir los riesgos penales y la documentación necesaria para acreditar procesos adecuados de selección, capacitación, control y supervisión del personal.
También se explicarán las actuaciones recomendadas durante las primeras horas posteriores a un incidente y las medidas prioritarias que las compañías podrían adoptar en los próximos 90 días para fortalecer sus mecanismos de prevención y respuesta.
Álvarez asesora y representa a empresas y ejecutivos en controversias complejas, gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo.
La actividad está dirigida a propietarios, presidentes, gerentes, responsables de operaciones, supervisores, asesores jurídicos y encargados de cumplimiento de las empresas de seguridad privada.
