La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldó este lunes la propuesta de extender a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que las empresas necesitan un período suficiente para adecuar sus procedimientos y fortalecer sus mecanismos de prevención.
El presidente de la entidad, Freddy González Estrada, destacó que la iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada, con reglas claras y condiciones que permitan cumplir eficazmente las nuevas obligaciones.
El proyecto plantea modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 para que las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigencia a los 24 meses de la publicación de la eventual ley, en sustitución del plazo de tres meses contado desde el 5 de agosto de 2026.
González Estrada sostuvo que, para las empresas de seguridad privada, la adecuación requiere revisar protocolos operativos, precisar las responsabilidades de dirección y supervisión, capacitar al personal y documentar los controles destinados a prevenir conductas delictivas.
Explicó que estas tareas adquieren especial relevancia en una actividad cuyos trabajadores deben tomar decisiones relacionadas con la protección de personas y bienes, el uso de la fuerza y la respuesta ante situaciones de riesgo.
El dirigente empresarial reiteró que Adesinc favorece la modernización de la legislación penal y la prevención de los delitos, junto con una aplicación proporcional que permita distinguir entre las fallas de organización de una compañía y las actuaciones individuales realizadas al margen de sus instrucciones y protocolos.
Recordó que esas inquietudes fueron abordadas durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por la asociación en agosto, con la participación del jurista Francisco Álvarez y representantes del sector.
En ese encuentro, el gremio advirtió sobre la necesidad de mayor claridad en materia de responsabilidad corporativa, legítima defensa y uso de la fuerza, así como sobre las implicaciones de las nuevas disposiciones para la operación de las empresas de vigilancia.
González Estrada consideró que el período de adaptación debe aprovecharse para desarrollar programas de formación, orientaciones prácticas y asistencia técnica, tanto para las organizaciones sujetas al régimen como para las instituciones responsables de aplicarlo.
La propuesta legislativa contempla acciones de preparación a cargo de los organismos del sistema de justicia y de las entidades reguladoras, además de modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, la actividad y la exposición al riesgo de cada organización.
El presidente de Adesinc destacó la importancia de ese acompañamiento para las empresas con menores recursos técnicos y económicos, a fin de facilitar la adopción de medidas preventivas efectivas.
“El diferimiento planteado se limita al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No modifica la vigencia de las demás disposiciones del Código Penal ni limita la responsabilidad penal individual o las responsabilidades civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico”, sostuvo.
